Sevilla
La ONU condena a España por obligar a una mujer a someterse a una cesárea porque los paritorios estaban llenos
El organismo asegura que el procedimiento dejó secuelas físicas y psicológicas en la mujer como debilidad generalizada, insomnio y ansiedad
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La ONU ha condenado a España por obligar a una mujer a someterse a una cesárea porque los paritorios estaban llenos en un hospital de Sevilla. Es la tercera vez que el organismo internacional condena a nuestro país por maltrato a una mujer embarazada durante el parto.
El suceso ocurrió el 6 de enero de 2009 cuando la gestante ingresó en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para dar a luz. A las 23:00 horas alcanzó "una dilatación de ocho centímetros" y tenía un "registro toco-cardiográfico absolutamente normal".
La matrona le explicó que la llevarían al paritorio en cuanto la mujer que lo ocupaba terminara de parir, sin embargo la embarazada escuchó que los paritorios estaban saturados y se negó a que le practicaran una cesárea por ese motivo. No sirvió de mucho porque el personal médico la trasladó al quirófano y allí se le practicó una cesárea.
ONU denuncia mala praxis
Catorce años después de esta cesárea sin consentimiento, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) ha ratificado que España es responsable de violencia obstétrica por este caso y ha condenado al Estado a indemnizar a la mujer.
"El Comité considera que el cúmulo de hechos del presente caso, en particular, la pérdida de dignidad, el abuso y el maltrato sufrido por la autora, la aplicación irregular de anestesia epidural y la falta de consideración de patologías previas sin el consentimiento informado y/o sin haber justificado la necesidad de dichas intervenciones y la omisión en recabar el consentimiento informado previo a realizar una cesárea, todo lo cual dejó secuelas físicas y psicológicas en la autora, constituyen violencia obstétrica", señala en un comunicado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.
Además, el Comité también alega que "las autoridades administrativas y judiciales del Estado aplicaron nociones de género estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, al asumir por ejemplo que es el médico quien decide realizar o no la cesárea sin explorar alternativas, ni explicar las razones a la paciente".
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