Desahucio Lavapiés
Ordenan desahuciar a Zohra, pese a ser vulnerable y vivir en una casa con humedades y chinches, mientras el casero "tiene 27 viviendas"
Zohra se enfrenta al segundo intento de desahucio. Vive en una casa en Lavapiés con su marido y su hijo y pese a su condición de vulnerabilidad un juez ha rechazado la suspensión por no dar como probado que el propietario tiene 27 viviendas en España.
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#ZohraSeQueda, esta es la reivindicación que desde primera hora se escucha en Lavapiés. Aseguran desde el sindicato convocante que Zohra cumple con todos los requisitos de vulnerabilidad que marca el Real Decreto que suspende los desahucios, pero pese a ello un juez ha decidido no aplicar la suspensión y hoy puede ser desahuciada.
La concentración la ha convocado el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid que denuncia que tanto Zohra como su familia han estado viviendo en "condiciones deplorables". Humedades, filtraciones de agua en el baño, chinches, cucarachas y problemas estructurales son entre otros los problemas que presenta la vivienda y por los que Zohra y su hijo "sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años".
El juez ha debido apoyarse en que Zohra no ha podido demostrar que el casero es tenedor de 27 viviendas a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, desde el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid aseguran que se ha presentado documentación con la que quedaría probado que el casero tiene en propiedad un bloque de viviendas en Lavapiés.
Según la misma fuente el propietario se niega a hacer las mejoras que necesitan las viviendas e incluso habría dejado sin agua caliente a los inquilinos de este inmueble durante meses.
Los ingresos de Zohra giran alrededor de una pensión y el ingreso mínimo vital.
El pasado mes de mayo el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el real decreto por el que se prorrogaba suspender los desahucios hipotecarios para deudores hasta 2028. En las últimas horas, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas pidió acortar los plazos de desahucios por impago de rentas, ya que el pequeño propietario tiene que afrontar en ocasiones los costes de suministro de vivienda en el caso de los inquilinos considerados como vulnerables hasta que se les ofrece una solución habitacional.
El sindicato denuncia que este caso no es un caso aislado y reprocha que mientras el Ejecutivo dice que no hay desahucios cuando ellos estiman que hay 82 ejecuciones diarias. Las medidas que ellos lanzan por acabar con las órdenes de desahucio pasan por "organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal".
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