Los padres de Asunta habrían acordado la muerte por un "razonamiento perverso"

Un "razonamiento perverso" es la hipótesis con la que trabajan los investigadores del crimen de Asunta, la menor de 12 años a la que adoptaron cuando aún no tenía uno y que hace casi un mes, el 22 de septiembre, fue hallada muerta por dos viandantes en una pista forestal de Teo, cerca de Santiago.

Fuentes cercanas al caso han indicado que la conclusión de la exhaustiva investigación "removerá conciencias", mientras que el periódico La Voz de Galicia ha publicado este sábado que en la instrucción la conjetura que predomina es que los padres de la víctima actuaron "de común acuerdo"; en el caso de él, por una dependencia; y en el de ella, porque se habría cansado de ser madre.

El diario se refiere a una nueva vida en la que la madre de Asunta, Rosario Porto, a la que en su círculo íntimo llaman Charo, había decidido cerrar su despacho, dimitir como cónsul honorario de Francia y separarse de su pareja.

Otra cabecera, El Correo Gallego, suma a esta casuística "un desengaño amoroso" importante. La acusación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los únicos imputados, que han negado los hechos, se ha elevado de homicidio a asesinato y en el endurecimiento de la calificación han pesado las pruebas forenses -sangre, gástricas y de pelo- al revelar que Asunta era sedada con Lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto corresponde al día 21, jornada en la que murió la pequeña.

Días antes del crimen, Asunta faltó al colegio y a sus clases de ballet, precisamente a consecuencia de las pastillas que debía tomar según argumentó, en estos casos, su propia madre. Son episodios que en su momento nadie entendió como de riesgo y que solamente ahora han cobrado relevancia.

Sobre la causa sigue vigente el secreto de sumario. Las defensas no han logrado el alzamiento que pretendían y José Luis Gutiérrez Aranguren, el letrado que asiste a Rosario Porto, ha anunciado que recurrirá que el caso se vaya a dirimir por un jurado popular, pese a lo que dicta la ley, al cuestionar la "imparcialidad".