Personas con discapacidad
A partir de este viernes todas las personas con discapacidad tendrán capacidad jurídica plena si así lo desean
Con la entrada a vigor de la nueva normativa cualquier persona del colectivo evitará tener que acudir a un juez cada vez que deseaban ir al banco o comprar una vivienda y solo deberán recurrir a la ayuda de otra persona de forma voluntaria.
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A partir de este viernes 3 de septiembre cualquier persona con discapacidad podrá tener capacidad jurídica en plenitud. Hasta el momento al colectivo se le podía privar y minimizar en ciertas circunstancias y, además, debían ser representadas por otras personas utilizando mecanismos como la tutela o la incapacitación para llevar a cabo acciones cotidianas como acudir al banco o comprar una vivienda.
Con la entrada en vigor de la eliminación de la incapacitación judicial, se beneficiarán hasta 4,5 millones de personas en España. Además, la nueva norma - que modifica ocho leyes estatales - también se podrá aplicar en casos de discapacidad sobrevenida, que puede ser susceptible a toda la población.
Plena autonomía para la toma de decisiones
El presidente del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad, Luis Callo Pérez Bueno, ha descrito el día como "una fecha histórica" en declaraciones a Europa Press. Y no es para menos puesto que la reforma se llevaba esperando más de 15 años, desde que entró en vigor un mandato sobre el artículo 12 de los Derechos Humanos en Convención de la ONU de 2006.
En este se reconoce como un derecho fundamental que las personas con discapacidad tengan capacidad jurídica plena sobre su persona.
Esto no quiere decir que el colectivo vaya a dejar de tener la posibilidad de contar con apoyos para la toma de decisiones. Con la reforma, la incapacidad jurídica se sustituye por una ayuda técnica en "materia de comunicación" para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y a las características individuales de cada uno. Es decir, se mantendrá únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.
A partir de ahora la autonomía y los deseos del colectivo primaran por encima de todo. No obstante, el entorno jurídico y social deberán seguir presentando el acompañamiento que necesiten para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en su totalidad.
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