En declaraciones a los periodistas, la abogada de la familia de la menor, María Teresa Largo, ha explicado que además de esta condena tiene dos posteriores por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta como medida cautelar antes de que los hechos ocurridos en 2011 fueran juzgados y sentenciados. Por tanto, ha precisado, en conjunto está condenado a más de tres años de cárcel y "no sólo es que no está en prisión, es que sigue delinquiendo, puesto que hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos".
El problema radica, según la abogada, en la cronología de las sentencias, y es que cuando se dictó la de la Audiencia Provincial de dos años de cárcel por abuso el condenado no tenía antecedentes penales, por lo que se pidió y aceptó la suspensión de la misma. Posteriormente, se dictaron las otras dos, por los juzgados de lo Penal 1 y 3 que lo condenaban por haber quebrantado la medida cautelar de alejamiento: "Son estos juzgados los que han de decretar la ejecución de la sentencia, porque en ellas sí tenía ya antecedentes y por lo tanto tenía que entrar en prisión y no lo está por el retraso en la ejecutoria de dichas sentencias". Además, ha indicado que tampoco ha indemnizado a la víctima y no ha pagado ninguna de las costas procesales de los procedimientos en los que ha sido condenado.
"El problema es sangrante, la madre de esta niña ha acudido a todos los sitios que puede recurrir y no lleva una vida normal, además no tiene medios para salir de la vivienda algo que hubiera hecho si los tuviera y no seguiría padeciendo el vivir a 50 metros de quien abusó de sus hija, pero, lamentablemente, lo hará hasta que el sistema actúe y se cumpla la ejecución de las penas impuestas", ha indicado.
Fue la madre de la menor la que descubrió los abusos cuando su hija tenía ocho años -ahora tiene 11-, fue en una casa en Cartagena donde se trasladó toda la familia a trabajar y tenían acogido al condenado. La madre llegó una tarde a la casa y pudo ver como esta persona abusaba de su hija, denunciando los hechos una vez que regresaron a Huelva, hace tres años. Además de los dos años de prisión, la sentencia de la Audiencia de 2012 impone a J.V.C. "libertad vigilada durante seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, con prohibición de aproximarse a la víctima y a sus padres y de comunicarse con ellos por cualquier medio durante dicho plazo".
