Cataluña
Pere Aragonès muestra su apoyo a Roger Torrent: "La judicialización del debate parlamentario no nos silenciará"
El presidente de la Generalitat catalana muestra su rechazo a la imputación de Roger Torrent y advierte que el Parlamento debe ser una institución en la que "abordar y debatir todo tipo de cuestiones".
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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha querido mostrar su apoyo al expresidente del Parlamento catalán en la legislatura anterior, Roger Torrent, y al resto de los antiguos miembros independentistas de la Mesa de la Cámara, a quienes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigados por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
A través de Twitter, Aragonès ha manifestado que "el Parlamento es una institución en la que es necesario abordar y debatir todo tipo de cuestiones. La judicialización del debate parlamentario no nos silenciará."
El próximo 15 de septiembre Roger Torrent, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de JxCat, y Adriana Delgado, de ERC, tendrán que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por la presentación de una querella en su contra por parte de la Fiscalía. Se les atribuye un delito de desobediencia al TC por haber tramitado desde el órgano rector de la Cámara catalana unas resoluciones relacionadas con el 'procès' en las que se defendía el derecho de autodeterminación.
Torrent, también ha utilizado sus perfiles sociales para pronunciarse tras la decisión del TSJC. "La maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión. El Parlamento es el templo de la palabra y del debate, intentar censurarle es un grave error que va en contra de la democracia".
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Desobediencia constitucional
En enero del pasado 2020 el TC acordó por unanimidad sugerir a la Fiscalía que estudiara la imposición de una querella contra los miembros independentistas por permitir la votación de las mociones sobre la "defensa del derecho a la autodeterminación" y "la reprobación de la monarquía". Según la Fiscalía, se aprobó una resolución previa a estas cuestiones pese a las "expresas advertencias de ilegalidad".
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