Asociaciones de periodistas, medios de comunicación y profesionales de toda España han expresado su preocupación por el ataque a la libertad de información que supone la incautación de móviles y ordenadores a periodistas de Mallorca y han pedido que se respete el secreto profesional.
Bajo el lema "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información", el colectivo de periodistas se concentrará este viernes en las proximidades del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y a unos pocos metros de la sede del CGPJ, para protestar contra esta actuación judicial. Esta concentración se producirá horas después de la que se ha celebrado en Palma de Mallorca, convocada por la Asociación de Periodistas de las islas Baleares (APIB) y el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), en la que se leerá un manifiesto contra la incautación de los teléfonos de dos redactores del 'Diario de Mallorca' y Europa Press en el marco del caso Cursach.
Ambas entidades también exigirán a los políticos que cumplan el precepto constitucional de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de "abusos intolerables" como el sufrido por los informadores baleares y demandarán a la fiscalía, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que respeten y hagan respetar el derecho fundamental a la libertad de información.
Por ahora más de 900 profesionales han firmado el manifiesto de la APIB, al que se ha adherido la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Este manifiesto recuerda que la policía judicial requirió también documentos a la Agencia EFE hace algunas semanas y pidió a una periodista de este medio información sobre sus fuentes.
Editora Balear, propiedad de 'Diario de Mallorca', la agencia Europa Press, y los dos periodistas a los que el juez Miguel Florit ordenó incautar material de trabajo, han presentado en Palma, una querella criminal contra este magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares. La querella presentada, 48 horas después de la incautación, se acusa al juez Florit de los presuntos delitos de "prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción".
Además, un total de 658 periodistas han firmado un escrito presentado esta mañana ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que han trasladado su intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en el citado derecho recogido por la Constitución.
Los periodistas firmantes creen que el CGPJ "no puede permanecer ajeno a este despropósito", ya que una de sus misiones es "procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos". El CGPJ, por su parte, ha expresado su compromiso y defensa del derecho fundamental a la libertad de información, pero ha advertido de que no puede revisar las decisiones de los jueces, que son a quienes corresponde establecer el alcance y límites de ese derecho.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado también su indignación y rechazo ante este hecho que ha calificado de "gravísimo e insólito" y ha exigido la devolución inmediata del material incautado a los periodistas.
El Comité de Redacción del diario 'El País' se ha sumado a la "sorpresa y preocupación" causada por esta incautación del material de trabajo y ha recordado que el secreto profesional no es un privilegio de los informadores, sino la garantía del derecho a la información de los ciudadanos.
Además de estas movilizaciones, los periodistas están mostrado en las redes sociales su rechazo a la actuación del juez Florit y publicando en Twitter selfis tapándose la boca y mostrando sus teléfonos móviles con la etiqueta #ElSecretoNoSeToca.
