Más de 18.000 vecinos de un pueblo de Granada se enfrentan a una deuda de mil millones de euros. Todo por una macro urbanización que resultó un fracaso y que ahora está abandonada a medio construir.
La acusación ejercida por varias organizaciones de la sociedad civil granadina ha pedido en el Tribunal Supremo que el exalcalde socialista de Atarfe (Granada) Víctor Sánchez sea juzgado por prevaricación urbanística en la construcción del complejo Medina Elvira Golf en una zona protegida.
El Tribunal Supremo ha celebrado el recurso de esta acusación contra la decisión de la Audiencia de Granada que archivó la causa contra Víctor Sánchez por su estado de salud, para quien la Fiscalía pedía siete años de cárcel y 25 de inhabilitación.
Asimismo la acusación ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió al promotor inmobiliario Maximiliano Balboa y al secretario y al arquitecto municipales en el momento de los hechos, que se enfrentaban a peticiones de pena de la Fiscalía de entre dos y cuatro años de prisión. No obstante el fiscal no ha mantenido la acusación ante el Tribunal Supremo.
Castresana ha pedido que se repita el juicio para que sea juzgado Víctor Sánchez y para que declare por videoconferencia si su estado de salud le impide personarse en la Audiencia y que vuelvan a sentarse en el banquillo los tres absueltos.
El letrado de la acusación ha advertido de que se puede dar la paradoja de que si finalmente se confirma la absolución los 1.200 millones de euros que reclaman los afectados, la mayoría ingleses que compraron viviendas, al final tenga que pagarlos la Administración, en concretoal ayuntamiento, y ha comentado que actualmente la zona reservada se ha convertido en una erial con una "urbanización fantasma".
Carlos Castresana ha comentado que estos hechos son un caso paradigmático de abusos urbanísticos conocidos en las dos ultimas décadas como los de otros municipios y ha puesto los ejemplos de casos como el de Malaya en Marbella (Málaga) y Lezo en Madrid, pero ha señalado que en Atarfe aún no se ha producido una reparación.
Según ha mantenido la acusación la causa se remonta a 2005 cuando los acusados levantaron una urbanización de más de mil viviendas y un campo de golf en una zona calificada de máxima protección urbanística y excepcional valor medioambiental, la misma que el Generalife. Ha añadido que en concreto construyeron edificios de nueve pisos, más de mil viviendas, cuando el máximo autorizado eran 150 chalés de dos alturas
