"Pinchazos, pellizcos y aislamiento" en una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual en Alicante

"Les daba cachetes, pinchazos por el cuerpo, pellizcos, los sometía a aislamiento y si no les daba dinero les prometía más castigo". Así describía una de las trabajadoras los maltratos que la coordinadora de una vivienda tutelada en El Campello ejercía sobre los usuarios.

Se trata de una institución con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años que gestionaba 'Educatea Hogar' con un concierto con la Generalitat.

Fueron los propios trabajadores los que presentaban esta denuncia ante la dirección territorial de la Consellería de Servicios Sociales declarando que la directora "agredía física y psicológicamente a algunos de los jóvenes".

Ante la gravedad de la acusación, el servicio de inspección de la Consellería se personó en la vivienda y detectó "malas condiciones de habitabilidad", además de comprobar, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el maltrato recibido por un usuario.

Según Emilio Argüeso, secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, "se ha apartado de manera inmediata a la trabajadora y se ha procedido por vía urgente al cambio de titularidad de la empresa adjudicataria para que los siete jóvenes puedan seguir en la misma casa".

Al respecto, ha sostenido que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda "no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables".

Argüeso aseguraba que a pesar de que la Generalitat subvenciona la asistencia en la casa "la asociación de padres es la que gestiona el centro a través de esta empresa que tenía contratada".

Asimismo, ha señalado que "no es la primera vez" que esta vivienda tutelada es denunciada por "irregularidades" en su funcionamiento y en el trato dispensado a las personas usuarias.

En este sentido, ha apuntado que en el año 2021, se observaron una serie de "irregularidades de tal magnitud que fueron remitidas a la Fiscalía", se detuvo en este procedimiento a tres empleados por presuntos maltratos a usuarios de la vivienda y se decretó una orden de alejamiento al propio coordinador del centro.

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