Centenares de vecinos de Cornellà de Llobregat exigen que se actúe para evitar nuevas tragedias en los desahucios

Más de un centenar de vecinos de Cornellà de Llobregat (Barcelona) se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para lamentar la muerte de un hombre que ayer saltó por la ventana cuando lo iban a desahuciar y para exigir medidas que eviten nuevas tragedias. A las 12 del mediodía, los manifestantes han guardado cinco minutos de silencio que han roto al grito de: "No es un suicidio, es un asesinato".

Entre el público, en las filas traseras, estaban varios miembros del equipo de gobierno municipal y el alcalde, el socialista Antoni Balmón, así como el diputado en el Congreso de ERC Joan Tardà, vecino también de este municipio. La concentración la había convocado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que también ha promovido acciones similares en otras ciudades catalanas.

Sus representantes en Cornellà han acudido a la céntrica plaza con las habituales camisetas verdes y con pancartas del mismo color con un lazo negro en señal de duelo. Su portavoz, Víctor González, ha explicado a los medios de comunicación que desde la plataforma no tenían constancia de la situación de la pareja que vivía en el piso donde ayer se produjo el suceso.

El hombre que se mató y su mujer, ambos de unos 45 años, hacía siete meses que no podían pagar el alquiler del piso, cuando se empezó el trámite judicial para desahuciarlos en noviembre del 2017. Cuando tuvieron una primera fecha de lanzamiento, en marzo, acudieron a los servicios sociales del Ayuntamiento, que redactaron un informe con el que consiguieron frenar el desahucio.

Sin embargo, cuando se fijó otra fecha para el 14 de junio, el juzgado rechazó posponer de nuevo el desahucio, y ayer por la mañana el hombre se lanzó al vacío desde un décimo piso mientras la comitiva judicial, acompañada por los Mossos d'Esquadra, llamaba a su puerta.

Entre noviembre y junio, la propiedad de la vivienda cambió de manos: el Banco Santander compró el Banco Popular y, después, vendió el 51 % de la cartera inmobiliaria de la entidad cántabra al fondo de inversión Blackstone. Desde la PAH, González ha asegurado que en Cornellà existen medio centenar de casos similares al de la pareja que iba a ser desahuciada ayer, y ha reclamado al consistorio que sea más ágil a la hora de actuar y que mejore el contacto con las entidades como la plataforma.

"Lo que no puede ser es que una familia que esté necesitada y esté en emergencia habitacional acuda a servicios sociales y que no se les apunte de forma inmediata a la mesa de emergencia, que en este caso es Procornellà. Se les tiene que apuntar desde el minuto uno", ha agregado. En este sentido, ha sostenido que muchas de las familias que llegan a la PAH no están apuntados en la mencionada mesa de emergencia pese a atravesar una situación muy grave.