Asesinato
La Policía desestimó las sospechas sobre el presunto asesino de Juana Canal: "Cómo con esa cara de gilipollas iba a cometer dicho acto"
Los familiares de la víctima tenían claro que Jesús Pradales era el responsable de la muerte. Sin embargo, él sostiene que fue un accidente.
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El juicio por el asesinato de Juana Canal, ocurrido en 2003 pero descubierto casi dos décadas después, comenzó el pasado lunes 16 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo se sienta Jesús Pradales, expareja de la víctima y presunto autor del homicidio.
La vista oral, que se extenderá hasta el 4 de octubre, ha arrancado con revelaciones por parte de los familiares de Juana, quienes han denunciado la negligencia policial que marcó la investigación inicial del caso.
Más de dos décadas desde su desaparición
Juana Canal, de 38 años, desapareció el 22 de febrero de 2003 tras una discusión con Pradales en el piso que compartían en la calle Boldano de Madrid. Al día siguiente, uno de los hijos de Juana encontró una nota escrita por Pradales explicando que ella había tomado "muchas pastillas" y había salido corriendo.
Sin embargo, la realidad era mucho más trágica. Según la confesión posterior de Pradales, tras una discusión violenta, él acabó propinando un golpe mortal a Juana. Luego, descuartizó el cuerpo y lo trasladó en maletas a un paraje de Navalacruz, en Ávila.
"Con esa cara de gilipollas"
Los testimonios de los familiares han revelado una serie de fallos en la investigación inicial. El hijo menor de Juana, que tenía 16 años en el momento de la desaparición, declaró: "Vivía en Denia y mi hermano me llamó y me dijo: mamá no está, este tío le ha hecho algo. Estuve convencido desde el primer momento que tenía algo que ver".
Lo más sorprendente fue la respuesta de la Policía ante estas sospechas. Según el hijo de Juana, desestimaron sus sospechas con comentarios como: "Cómo con esa cara de gilipollas, iba a cometer dicho acto". Esta versión fue corroborada por otros familiares, como la sobrina de la víctima, quien afirmó que la Policía le dijo que "cómo con esa cara de pánfilo, iba a ser capaz de algo" y que "la gente desaparece sin más".
En aquel entonces, varios miembros de la familia insistieron en que Juana nunca se habría ido voluntariamente. La describían como una persona cariñosa y dedicada a sus hijos, lo que contradecía la versión de la supuesta nota sugiriendo que se había marchado por su propia voluntad. Ana María, hermana de Juana, declaró que "desde el primer momento" supo que la desaparición "no era normal", ya que Juana se fue sin documentación ni efectos personales.
"No era alcohólica"
Los testimonios también han servido para contradecir la versión de Pradales sobre el carácter de la víctima. Mientras el acusado la ha descrito como agresiva y alcohólica, sus familiares la retratan como "una enamorada del amor" y "lo opuesto a la agresividad". Una de las hermanas de Juana admitió que, tras su separación anterior, Juana tuvo un problema puntual y tomó ansiolíticos, pero negó rotundamente que fuera alcohólica.
El caso permaneció archivado hasta que, en septiembre de 2019, unos excursionistas encontraron restos óseos en Navalacruz. Las pruebas forenses confirmaron que pertenecían a Juana Canal, lo que llevó a la reapertura de la investigación y a la detención de Pradales en octubre de 2022.
"Fue un empujón"
El juicio ha tenido momentos de gran tensión. Uno de ellos cuando el hijo menor de Juana vio pasar a Pradales esposado por los pasillos de la Audiencia. Su prima tuvo que agarrarle del brazo para evitar que fuera hacia él.
Pradales, por su parte, insiste en que la muerte de Juana fue accidental. En su declaración ante el tribunal, afirmó: "Cuando la vi venir, lo que quise fue defenderme. La aparté con un golpe, fue un empujón". Asegura que entró en pánico al verla sin vida y que por eso no llamó a emergencias.
La defensa argumenta que se trata de un homicidio involuntario o imprudente, mientras que la Fiscalía y la acusación particular sostienen que fue intencionado. Ambas partes solicitan una condena de 15 años de cárcel por homicidio, con la Fiscalía apreciando una agravante de parentesco, y la acusación particular añadiendo una agravante de género.
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