39 detenidos en una macrooperación con registros en decenas de ayuntamientos por corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas

La Policía Nacional ha desarrollado una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, que de momento se ha saldado con 39 detenidos, entre ellos Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos. De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado fuentes policiales. El resto será puesto en libertad.

Ese es el principal balance de la Operación Enredadera, dirigida por esos dos juzgados con la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo desde primera hora de este martes por la UDEF de la Policía Nacional. A falta de que se conozca el balance definitivo, entre los arrestados, además de Ruipérez, que se ha convertido en el primer alcalde de Ciudadanos detenido por corrupción, está el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en el caso Gürtel. Pero también los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga.

Ha trascendido la detención de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido. Los agentes, además de las detenciones, han realizado 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, sociedades y despachos. La operación salpica a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP, que dio por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Aplicaciones Gespol.

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria. La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales. Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia y Teruel. También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de León; y Vélez-Málaga, de Málaga. Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño. También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí, de Barcelona; Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo, de Madrid; La Cistérniga (Valladolid); El Puig y Gandía, de Valencia; O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Según Sacyr, desde que adquirió Aplicaciones Gespol (2016), esa empresa ha obtenido adjudicaciones por un importe global total de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros. De acuerdo con la documentación, solo el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol.