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EN BÚSQUEDA DE HISTORIALES
La Policía Nacional registra 19 clínicas de iDental en diferentes provincias por un posible delito de estafa
La empresa se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. Según explican los afectados, la clínica ofrecía un servicio odontológico y paralelamente ofrecía un sistema de financiación del tratamiento mediante unas entidades bancarias por las que la empresa recibía el abono íntegro del servicio por adelantado. Una vez tenían el dinero los pacientes eran atendidos por personal no cualificado que dejaba su tratamiento a la mitad.
La Policía Nacional ha registrado 19 clínicas de iDental en diferentes puntos del territorio nacional; entre ellos en Cataluña, donde ha contado con la colaboración de los Mossos d'Escuadra, para buscar historiales y pruebas de posibles hechos delictivos.
Fuentes policiales han indicado que los registros afectan a clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia.
La operación esta ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado José de la Mata asumió la semana pasada la investigación del presunto fraude masivo de la clínica 'low cost' iDental después de que al menos 11 juzgados se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 investiga si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
La clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos y ofrecía paralelamente un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuales percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios.
Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".
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