La portavoz del sindicato de inquilinos: "Es el mayor conflicto de clase de nuestro tiempo, caminamos a la huelga de alquileres"

La creciente preocupación por el acceso a la vivienda, agravada por el aumento sostenido de los precios del alquiler, ha llevado a la coalición de Gobierno a una nueva crisis interna. Pedro Sánchez anunció el pasado lunes una nueva convocatoria del Bono Social Joven, con el objetivo de aliviar la carga económica de los jóvenes en la búsqueda de alquiler. La medida será debatida este martes en el Consejo de Ministros para su aprobación, pero ya ha generado fuertes discrepancias dentro del Ejecutivo.

El malestar social sigue en aumento. El Sindicato de Inquilinos de Madrid, representado por su portavoz Valeria Racu, ha señalado que una huelga de alquileres es una posibilidad cada vez más real. Durante una entrevista en Antena 3 Noticias, Racu afirma que "los precios actuales son totalmente insostenibles e insoportables", y que los inquilinos han perdido la confianza tanto en las instituciones como en los propietarios.

Aunque la huelga no ha sido convocada oficialmente, Racu adevierte que "está sobre la mesa" y que se están organizando para llevarla a cabo de manera efectiva. "Estamos ante el mayor conflicto de clase de nuestros tiempos", subraya.

La huelga de alquileres consistiría en que los inquilinos dejen de pagar sus rentas hasta que se logre una regulación efectiva del mercado. No obstante, Racu reconoce que este tipo de huelga no está recogida por la Constitución española, lo que añade una capa de complejidad al proceso. A pesar de ello, afirma que el movimiento está dispuesto a luchar para lograr un cambio en las políticas de vivienda. "Ya no aguantamos más. No queremos seguir manteniendo a ricos con nuestro dinero y nuestro esfuerzo", sentencia.

Sumar, la coalición encabezada por Yolanda Díaz, ha manifestado su rechazo a esta iniciativa, tachándola de "insuficiente". Desde el grupo aseguran que el bono no aborda el problema estructural de la vivienda y podría, en cambio, agravar la situación. Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, criticó la medida a través de la red social X, afirmando que "esto es hacerle otro 'bizum' de dinero público a los caseros", en referencia a cómo la ayuda podría ser absorbida por los propietarios mediante el aumento de los precios de alquiler.

¿Una nueva fractura dentro del Gobierno?

La preocupación de Sumar radica en la falta de control de precios en gran parte del país. Aseguran que sin una regulación efectiva del mercado, los propietarios podrían subir las rentas de los nuevos contratos y, de este modo, neutralizar el impacto positivo del bono en los inquilinos. Esta postura ha generado una nueva fractura dentro del Gobierno, ya que el PSOE se opone a la intervención directa del mercado.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, fue contundente en su postura durante un acto público: "La solución no pasa por dar dinero a los rentistas en forma de ayudas", enfatizó. En su lugar, Díaz apuesta por una intervención estatal que regule el mercado inmobiliario a través de leyes que impongan topes de precios. Una medida que, sin embargo, el PSOE no contempla en su agenda. Ernest Urtasun, ministro de Cultura por Sumar, se sumó a estas declaraciones, pidiendo que el control de precios sea obligatorio en todo el territorio nacional.

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