Antonio Ojeda Bordón, 'el Rubio', sale hoy lunes de la prisión de Salto del Negro. Ha cumplido una condena de cinco años por abusar de un niño de nueve años en 2012 en Vecindario (Gran Canaria) al que se llevó a su chabola con engaños (le dijo que le iba a regalar una bicicleta), y para la Guardia Civil, para la familia del desaparecido Yéremi Vargas y para la inmensa mayoría de los vecinos sigue siendo el único sospechoso.
Esta misma semana, además, se cumplen trece años de la desaparición del niño, tenía siete años. Hace un tiempo, el interno reveló a su compañero de celda que había visto cómo quemaban a Yéremi después de matarlo. También, acusaba a otro conocido del pueblo, pero se situaba en el escenario del crimen.
Esta semana se cumplen 13 años de su desaparición
Yéremi estaba jugando con sus primos en un solar de Vecindario el 10 de marzo de 2007. Cinco minutos después ya no estaba. La Guardia Civil interrogó a decenas de personas, incluido 'el Rubio', sin hallar ni rastro.
Los testigos hablaban de un Opel Corsa blanco en las inmediaciones del descampado y los agentes, con ayuda ciudadana, revisaron hasta 30.000 coches de ese modelo. Casi una década y miles de gestiones después, un testigo habló de que el coche que él vio, llevaba las pegatinas de unas palmeras, una característica del Renault 5 que usaba 'el Rubio'.
En 2017 decretó el archivo del caso
Nuevos testigos situaron además a Ojeda en la calle en la que vivía el menor. Ya entonces sabían que aquel día alguien con gorra de visera y gafas oscuras había estado merodeando por allí, un atuendo que solía lucir el sospechoso. Los indicios contra Ojeda se acumulaban. Se sabía que era un tipo violento, con antecedentes por violencia de género, y tenía varios hijos de diferentes relaciones, pero nadie de su familia ni nadie de su entorno quería saber nada.
El juez Juan Manuel Hermo, instructor del caso, interrogó al Rubio, a su exmujer, a varios familiares más, a dos de sus compañeros de celda, y al resto de nuevos testigos. En 2017 decretó el archivo del caso y dejó en muy mal lugar a los investigadores asegurando que se basaban en "afirmaciones y valoraciones subjetivas".
El malestar entre los investigadores y el juez llegó a tal punto que la Guardia Civil presentó una queja. El Consejo General del Poder Judicial sancionó al magistrado con una multa de 500 euros y un apercibimiento por falta leve. La Audiencia de Las Palmas confirmó en marzo de 2018 el archivo de la causa ante la impotencia de la familia. El tribunal admitía la "extrema gravedad" del caso y reconocía "el esmero y la laboriosidad" de la Guardia Civil, pero coincidía con el instructor en que no había ningún indicio "suficientemente sólido" para incriminar a Antonio Ojeda.
La decepción no frenó a Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi, ni al resto de su familia. Desde julio pasado están en manos del abogado Marcos García-Montes que esta misma semana pedirá la reapertura de la causa y la recusación del juez instructor.
