Cartas bombas
Prisión provisional para el funcionario jubilado que envió las cartas bombas al Gobierno
El juez de la Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión del hombre que envió 6 cartas bomba al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, entre otras personas e instituciones como la embajada de EEUU y Ucrania en Madrid.
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José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha decretado prisión provisional y sin fianza para el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria, Pompeyo González, que fue arrestado esta semana en Miranda de Ebro por ser el presunto autor del envío de hasta 6 cartas explosivas al Gobierno, a la embajada de Ucrania y a una empresa de armamento.
Las 'víctimas' o destinatarios de dichas cartas fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, las embajadas de Ucrania y EEUU en Madrid, las instalaciones de una empresa de armas y el centro de satélites Base Aérea de Torrejón.
El detenido se trata de una persona muy activa en las redes sociales y que, según los investigadores de la Policía Nacional, tiene conocimientos técnicos e informáticos. Además, el Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que fue funcionario de este consistorio hasta el año 2013.
Delitos de terrorismo agravado y empleo de artefactos explosivos
El juez le ha atribuido hasta cuatro delitos: dos de terrorismo agravado y otro de empleo de artefactos explosivos inflamables con finalidad terrorista. La resolución señala que el acto y el contexto en el que se produjo este evidencian que está presente en el funcionario "tanto el objetivo de alterar gravemente la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante una acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa; como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".
Existe riesgo de fuga
Por otra parte, se ha considerado que la prisión provisional es necesaria por el alto riesgo de fuga, reforzado por la gravedad de los delitos imputados que podrían tener una pena de 20 años de prisión.
Además, el presunto autor del envío de las 6 cartas se acogió a su derecho a no declarar y en el auto se ha señalado que existe riesgo de fuga a Rusia.
"La utilización de aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como es VK, y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (Protonmail), así como la transcendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania, pudieran facilitar su huida a territorio ruso, recibiendo al efecto ayuda de ciudadanos de dicho país", decía el auto.
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