¿Qué pasa con las piscinas municipales y las de las comunidades de vecinos?

Las provincias y territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada del coronavirus podrán abrir las piscinas con un aforo del 30 por ciento. Mañana mismo se estrenan en esta nueva fase todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, las provincias de Guadalajara y Cuenca y tres zonas sanitarias catalanas.

Según refleja el Boletín Oficial del Estado (BOE), se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas recreativas, quedando permitido el acceso a las mismas por parte de cualquier persona. El aforo máximo permitido es del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que haya una distancia de seguridad de dos metros entre los bañistas.

Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

La Orden recoge que previamente a la apertura se deben cumplir una serie de normas, como la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como pueden ser vestuarios o baños.

Poco después de conocerse los requisitos para la apertura de piscinas, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) se ha quejado de que la mayoría de comunidades de propietarios no podrán cumplir con ellos.

El CGCAFE señala que la mayoría de las comunidades de vecinos no disponen de ningún sistema de control del aforo y no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.

Tampoco ven viable poder gestionar citas previas sin personal y se necesita un teléfono, por lo que la mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos. Además, expone que si se marcan área de uso reservado para cada persona y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso, el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que disparará los costes del servicio en proporción al número de usuarios.

Por todas estas razones, el presidente del CGCAFE, Salvador Díez, ha vuelto a proponer al Gobierno que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales para facilitar la adopción de acuerdos, facilitando la exibilización de los requisitos para la toma de decisiones.