Cataluña

Los responsables de Salut no aclaran al juez quién ralentizó la vacunación de policías nacionales y guardia civil en Cataluña

Cuatro altos cargas de la Salud Pública de la Generalitat han comparecido este viernes ante el juez por el retraso en la vacunación frente al covid-19 de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los cuatro encausados han esgrimido un retraso en la entrega del censo de los agentes y la paralización de la vacuna con Astra Zeneca como motivos del retraso.

La Justicia da 10 días a la Generalitat para vacunar a la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña

La Justicia da 10 días a la Generalitat para vacunar a la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña EFE

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Carmen Cabezas, actual secretaria de salud pública de Cataluña, y otros tres exaltos cargos del departamento de Salut han comparecido este viernes ante el juez acusados de delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores por el retraso en la vacunación contra el coronavirus de guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña.

Tanto Cabezas como los otros tres excargos de Salut han esgrimido ante el juez que el retraso se debió a la tardanza en acceder al censo de agentes y que la campaña de vacunación se paralizó por los efectos secundarios que causaba la vacuna de la farmacéutica Astra Zeneca.

Los cuatro cargos que han comparecido ante el juez son Carmen Cabezas, actual secretaria de salud pública de Cataluña; Adrià Comellas, exdirector del Servicio Catalán de Salud; Sara Manjón, exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; y Xavier Rodríguez Guasch, exdirector de Servicios del Departamento de Salud.

Las querellas presentadas por los sindicatos de policías y guardias civiles JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC acusan a los cargos de Salud de los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores por el retraso en la vacunación contra el coronavirus de guardias civiles y policías nacionales destinados a Cataluña.

Solo a partir de abril de 2021 comenzó la vacunación cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un plazo de diez días a la Generalitat para que inmunizara al colectivo en la misma proporción que al de Mossos d'Esquadra.

El TSJC condenó a la Generalitat por el "trato injustificado y discriminatorio" que tuvo con policías y guardias civiles, de acuerdo con las cifras de vacunación registradas entre marzo y abril de 2021. Y que un 79% de los Mossos estaban vacunados mientras que ese porcentaje bajaba a un máximo de 9,9% en el caso de los agentes de los cuerpos del Estado.

No aclaran quién fue el responsable de vacunar a diferente ritmo

Los cuatro exaltos cargos de Salut se han escudado en que el censo de agentes a vacunar lo recibieron con un retraso de entre dos y tres semanas, por correo electrónico a través de un inspector jefe de la Policía Nacional y un teniente coronel de la Guardia Civil.

También han alegado que, cuando ya se había iniciado la vacunación de los agentes estatales, el Ministerio de Salud ordenó suspender la administración de las dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años, lo que impidió completar la inmunización de guardias civiles y policías nacionales.

Los cargos investigados no han aclarado quién era el responsable de decidir el ritmo de vacunación de los agentes policiales en la consellería de Salut y han negado cualquier tipo de discriminación al administrar las dosis.

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