Dos años han pasado ya desde que se produjese el fallecimiento de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena. Aún hoy, se mantienen las discrepancias entre las familias y la Fiscalía de Madrid con respecto a las penas de prisión para los dieciséis imputados en el caso. De ellos, doce responsables de la organización y el resto a la seguridad del mismo.
Aquella madrugada del 1 de noviembre de 2012, el sobreaforo que se produjo por la venta masiva de entradas provocó una avalancha mortal en el interior de uno de los vomitorios del recinto que daban acceso a la pista principal, donde actuaba el afamado dj Steve Aoki. La investigación ha conluido que el aforo superó el límite establecido en un 58%. De las 10.000 entradas permitidas se acabaron vendiendo 22.000.
A las cuatro de la madrugada, Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce fallecían como consecuencia del tumulto. Otras dos chicas, Teresa Alonso y Belén Langdon, tuvieron que ser ingresadas en estado grave, muriendo pocos días después.
El fiscal pide cinco años para los responsables frente a los 15 que reclama la familia
La investigación dirigida por el juez Palop se cerró el pasado septiembre con el auto definitivo que procesó formalmente al promotor de la fiesta Miguel Angel Flores y al exinspector jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo, entre otras catorce personas de Madridec, Seguriber, Kontrol 34 y del equipo médico.
En el relato de los hechos, el juez señaló que "toda la organización del evento" era responsabilidad de Flores e insistió en que "tuvo directísima participación en el número de entradas que se vendieron y caudal de personas que entraron en la fiesta, produciendo un sobreaforo que tuvo una importancia decisiva en los acontecimientos". Además, Palop señala que la actuación de la Policía Municipal fue "insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada".
El magistrado instructor concretó en su auto las imputaciones sobre catorce personas por cinco delitos de homicidio imprudente grave y diez delitos de lesiones. Y acusó a los doctores Simón y Carlos Viñals de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, en el caso de las jóvenes Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban.
Las discrepancias saltaron en la fase de calificación jurídica de los hechos. Las acusaciones particulares expusieron en sus escritos que solicitaban condenas de quince y veinte años para los procesados, mientras que el fiscal pedía de máximo 4 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente.
Tras conocer la postura de la Fiscalía de Madrid, conducida por Manuel Moix, los abogados de las acusaciones particulares emitieron un comunicado en el que mostraban su desacuerdo con estas peticiones de pena. En el escrito, los abogados manifestaron que están "totalmente en desacuerdo con el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, al no tener en consideración la gravedad efectiva de los hechos, las penas solicitadas, las acusaciones omitidas, y las responsabilidades civiles pedidas".
Por ahora, la Audiencia de Madrid tendrá que resolver los recursos de apelación presentados por los acusados. Tras ello, el juez dictara el auto de apertura de juicio oral y, tras ello, se señalará la vista, que previsiblemente se juzgará en un Juzgado de lo Penal de Madrid al no superar las penas los cinco años de cárcel.
