El abogado de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, ha pedido la nulidad del juicio contra su cliente ya que considera la causa prescrita y ha acusado al fiscal de hacer una investigación "prospectiva" para sentar a su cliente "por todas la vías" en el banquillo.
Miñanco se enfrenta este martes y el jueves en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por el que el fiscal le pide 6 años de prisión y 10 millones de multa.
Durante las cuestiones previas, el abogado de Miñanco ha asegurado que el hecho de que su cliente "tenga unos antecedentes no significa que no tenga derechos" y ha concluido: "No admitiremos jamás culpabilidad".
En su exposición ha pedido también recusar al tribunal y se ha quejado de las dificultades que ha tenido para preparar el juicio, ya que, en su versión, le han prohibido hablar con Miñanco hasta este lunes. Ha afirmado que han tenido a Prado Bugallo viajando "por media España" y que su salud se ha visto "comprometida".
Y es que Sito Miñanco fue detenido de nuevo y enviado a prisión preventiva hace tres semanas en una nueva macrooperación antidroga desarrollada en varios puntos de España y en la que resultaron heridos tres agentes de la Policía, entre ellos un GEO, al que le alcanzó una bala.
Miñanco, de 62 años, veinte de ellos pasados en prisión, se encontraba en semilibertad desde abril de 2015 y trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras. Sin embargo, y pese a haber manifestado su arrepentimiento al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional a cambio de la obtención de la semilibertad, los investigadores creen que en realidad dirigía desde 2016 una banda de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína en España y a blanquear dinero.
En el juicio de hoy, junto a Miñanco se sientan en el banquillo de los acusados otras cuatro personas: su primera esposa, una de sus hijas y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro.
La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros, mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo. Tras el abogado de Prado Bugallo, ha intervenido el de Rosa María Pousa, otra de las acusadas, que se ha adherido al argumento de prescripción utilizado por su antecesor y que está previsto sea replicado por el resto de abogados de la defensa
