El Gobierno italiano ha propuesto subir los impuestos a la bollería industrial y a las bebidas azucaradas para reducir el consumo de azúcar, sobre todo entre la población infantil. Calcula que se van a recaudar 1.500 millones de euros, que destinaría a Educación.
Esta idea ya funciona en otros países: hasta 30 naciones cuentan con este tipo de tasa. El país pionero fue Noruega, en 1981 ya tenía un impuesto para bebidas azucaradas y es de los más altos. Por su parte, Francia y Reino Unido gravan con un impuesto a estos alimentos entorno al 20%. Y en Portugal se acaba de prohibir la publicidad de alimentos azucarados para menores.
En España el único intento que ha habido ha sido el del Govern de Cataluña, que aprobó un impuesto sobre bebidas azucaras en 2017, pero el Tribunal superior de justicia de Cataluña lo invalidó este verano.
Aun así, las administraciones están tomando medidas. En Andalucía, por ejemplo, uno de cada cuatro niños sufre obesidad, por lo que no se venden este tipo de productos ni en centros escolares ni en hospitales. Lo mismo sucede en Baleares.
Los dueños de negocios dedicados a la bollería no creen que esa sea la mejor solución, consideran que "hay otras medidas preventivas que no la subida de impuestos". También los hay que creen que el objetivo es simplemente recaudatorio.
Hay muchas personas que creen que los gobiernos pueden buscar otras soluciones a la subida de impuestos, como poner "el correcto porcentaje de azúcar en los alimentos". Exigen información clara y real de ingredientes, en vez de "tanta prohibición".
