La Fiscalía de Málaga ha informado a favor de la suspensión de la pena de dos años de prisión impuesta a Borja W. V. por homicidio por imprudencia grave por el Juzgado de lo Penal nº 9 y confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, según han informado fuentes jurídicas.
Esta sentencia fue confirmada la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga en una sentencia del 26 de abril de 2019. El juzgado dictó un auto abriendo la ejecución de la misma el pasado 28 de junio y el condenado solicitó la suspensión de la condena.
Según explicaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, este procedimiento se encontraba en fase de traslado a las partes de la solicitud por parte de la defensa del penado de la suspensión de la pena privativa de libertad y de un recurso de reforma interpuesto contra aquel auto. Por tanto, el juez aún tiene que resolver si acuerda o no la suspensión de la condena, de la que el Fiscal acaba de informar de que se muestra favorable.
Según el abogado de Borja, la orden de ingreso en prisión se debe precisamente porque no abona la responsabilidad civil ya que cuenta con los otros dos requisitos para no entrar en la cárcel: una pena no superior a dos años y ausencia de antecedentes penales. Así, recuerda que han propuesto que pague 250 euros mensuales el resto de su vida, lo que califica como "una condena para el resto de su vida. Por el momento, Borja ha depositado 6.000 euros y, paralelamente, una campaña de 'crowdfunding' lanzada por Vox ha recaudado 110.000 euros.
Este caso ha suscitado la puesta en marcha de una campaña, a la que ya se han adherido 11.400 personas, solicitando el indulto para Borja, una petición que también anunció Vox que iba a solicitar ante el Ministerio de Justicia.
En todo caso, el abogado de Borja, Alfredo Herrera, precisó que el joven no solicitará el indulto personalmente porque supondría asumir el delito y considera que se ha comportado correctamente. Sí se ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por falta de tutela judicial efectiva y alegando presunción de inocencia.
