Un terrorista acusado por los atentados de Barcelona invoca la 'doctrina Atristain' para pedir su absolución

Uno de los terroristas acusados por los atentados de Cataluña en 2017 ha pedido que se le aplique la llamada 'doctrina Atristain' para conseguir la absolución. Su abogado pretende así anular la sentencia que le condenó a 46 años de cárcel.

Driss Oukabir fue el primero de los detenidos por los Mossos d'Esquadra tras el atropello masivo en La Rambla-Barcelona. Los magistrados de la Audiencia Nacional lo declararon culpable por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito así como fabricación de explosivos de carácter terrorista.

Durante su interrogatorio, Oukabir, hermano de uno de los terroristas abatidos en Cambrils, reconoció que había alquilado dos furgonetas que fueron utilizadas en los atentados por la célula yihadista, pero que lo hizo desconociendo para qué iban a emplearse.

¿Qué es la doctrina Atristain?

Este recurso forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que considera que las confesiones obtenidas durante el régimen de incomunicación de los detenidos no tienen validez probatoria porque no se realizaron delante de los abogados. Por tanto, las condenas que solo tengan como prueba declaraciones efectuadas en periodos de incomunicaciones permitirían la nulidad de los cargos imputados.

La Audiencia Nacional ha tenido en cuenta esta doctrina de Estrasburgo para liberar al etarra Gorka Palacios de una nueva condena por un atentado con coche bomba en la calle Goya en mayo de 2001. También se ha utilizado para descartar declaraciones incriminatorias y exculpar así a Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'.

Pero, ¿de dónde proviene la doctrina? El pasado mes de mayo el TEDH ratificó el fallo por el que España debía indemnizar al etarra Xabier Atristain con 20.000 euros en concepto de daños morales y gastos y honorarios. Según el tribunal estrasburgués, el etarra no tuvo un juicio justo cuando fue condenado a 17 años de cárcel por la justicia española tras entregarse en 2010.

España trabaja en una guía con recomendaciones para la población ante una guerra