El testimonio desgarrador de la madre indemnizada por el asesinato de su hija a manos de su expareja: "La fuerza me la dio ella"

Ángela González ha relatado su "lucha incansable" para que se hiciera justicia con el asesinato de su hija a manos de su expareja, una peregrinación judicial de 15 años que ha terminado con una condena al Estado y en la que nunca pensó en tirar la toalla porque según sostiene: "La fuerza me la dio ella".

Es el testimonio desgarrador de una madre a la que, según ha contado en rueda de prensa, se le "hundía el mundo" cada vez que los tribunales españoles le desestimaban su reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración. Una demanda que, como Ángela ha señalado junto a su abogada, Gema Fernández, de la ONG Women's Link -que ha llevado su caso ante instancias judiciales internacionales- tuvo presente desde que su ex pareja asesinara a la hija que tenían en común el 24 de abril de 2003 en la localidad madrileña de Arroyomolinos.

Un asesinato que se produjo después de que un Juzgado de Navalcarnero (Madrid) modificase las visitas del padre a la menor de vigiladas a no vigiladas. "No daba crédito a lo que estaba sucediendo. No podía entender que durante diez años ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal Constitucional, nadie se hubiera dignado a leer mi verdad", lamenta.

Pero "su verdad" y su "dignidad", y la de su hija, "no se podía acallar" porque a su hija -afirma- le asesinaron "porque no se la protegió": "Fue algo que no me cansé de pedir, protección y vigilancia para ella, pero para la Justicia prevaleció el interés de un padre maltratador que la utilizaba y manipulaba a su antojo para hacerme el mayor daño posible".

Ángela está convencida de que si las visitas hubieran sido vigiladas no se habría producido el crimen, cuando aprovechando una de ellas el hombre mató a su hija de dos disparos en la cabeza y luego se suicidó. Y máxime lo está después de haberle denunciado hasta en 48 ocasiones por malos tratos y otras causas. Pero no le dieron la razón: "Era verdad, me tenían que creer, aunque muchísima gente no hubiera hecho bien su trabajo, como las trabajadoras sociales que no informaron al Juzgado de cómo se sentía la niña tras las visitas.

"El asesinato tenía que ser reconocido de alguna manera. Tenían que reconocerme que había habido negligencia, que había habido muchísimos errores, porque estaban ahí, era algo evidente y la fuerza me la ha dado ella", decía con voz entrecortada Ángela. Esa fuerza le ha permitido conseguir que por primera vez se haya condenado al Estado español por no cumplir un dictamen del Comité contra la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas al no atender la reclamación indemnizatoria de Ángela.

La abogada de la ong entiende que la sentencia del Supremo abre la puerta a que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas sean de obligado cumplimiento. Supone, según ha señalado a Efe, "un precedente que cambia el entendimiento que había ahora de los dictámenes" y "sienta doctrina". Pero además, según la abogada, con esta resolución, aunque el Tribunal Supremo se circunscribe al caso en concreto, se puede trabajar para que otros dictámenes también sean vinculantes.

"No puede haber dictámenes vinculantes y no vinculantes", ha explicado a Efe Fernández, quien ha recordado que las sentencias del alto tribunal son de "obligado seguimiento" para las instancias inferiores. "Es una herramienta para poder invocar en otros casos", ha añadido.

Ahora la ong seguirá "vigilante" para que se cumplan las otras cuatro medidas que el Comité de Naciones Unidas pide que se cumplan en su dictamen. La primera es que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los fallos que se produjeron en el caso para poder solventarlos, y la segunda adoptar medidas para que los antecedentes de maltrato se tengan en cuenta al considerar los derechos de visita de los maltratadores a sus hijos.

La tercera consiste en reforzar la aplicación del marco legal en el caso de las mujeres que afrontan situaciones de este tipo y la cuarta proporcionar formación al personal que interviene en estos procedimientos. Tras estos quince años, Ángela, que según ha asegurado no ha recibido tras la sentencia ninguna llamada del Gobierno y ninguna disculpa, dice que seguirá luchando. "Esta lucha tiene que servir para entender que al final en el camino hay Justicia y por ello las animo a ser valientes", ha concluido Ángela .