Torturas en un centro para discapacitados en La Palma: heces y orina en la cara, baños de agua helada y camisas de fuerza

La Justicia ha condenado al exdirector del centro Triana, una residencia para personas con discapacidad que se encuentra en los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. El Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma considera probado que el encausado, psicólogo y responsable de la residencia, sometió a tres usuarios con retraso mental severo y grave a "prácticas vejatorias y humillantes".

El que fuera director de la residencia llevó a cabo terapias abusivas y humillantes, entre las que figuran restregar heces por la cara a uno de los residentes, bañarlos con agua fría extraída del frigorífico del centro o someterlos a encierros prolongados en un espacio que el denominaba 'reeducativo'. Aquí, incluso, llegó a atarlos y ponerles camisa de fuerza para inmovilizarlos.

Prácticas vejatorias que denunció la madre de una de las internas. Eugenia Paiz es la madre de Rebeca, una joven que padece autismo y que estuvo unos ocho meses en el centro. En aquel momento, Rebeca tenía 20 años. Su madre cuenta que cuando ingresó tenía hábitos de conducta muy sociables y con cierta autonomía para su desarrollo, pero que, sin embargo, un día cuando acudió al centro la encontró en una silla de ruedas, atada y en condiciones lamentables. Decidió presentar una denuncia y emprendió una dura batalla contra el director.

Insiste Eugenia Paiz en que "hay que vigilar al que vigila" para evitar los posibles casos de malos tratos en los centros de dependientes. Y "proteger a los más vulnerables de la sociedad" que, como en su caso, es su hija con autismo. Aunque los hechos ocurrieron hace nueve años, en la sentencia queda probado que estas vejaciones y humillaciones se venían produciendo cinco años antes del ingreso de Rebeca, en 2012.

La propia Fiscalía, que se presentó como parte acusadora, ha calificado estos hechos de "terroríficos". La fiscal Rosa Rubio califica esta condena de "satisfactoria" porque inhabilita al condenado para ejercer su profesión en el cuidado de personas con discapacidad. Aún así, la sentencia no es firme y el condenado puede recurrirlo. Algo que preocupa muchos a los familiares de los usuarios del centro.

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