El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Valencia han lamentado que, "más allá de la correcta aplicación de los protocolos de atención", ha habido "un fallo como colectividad al no haber sabido prevenir adecuadamente" el doble crimen de Godella, que acabó con la vida de dos menores, un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses, presuntamente a manos de sus padres.
Desde el colectivo profesional apuntan a la "necesidad de una garantía de continuidad de la atención" y para ello, "la atención social, sanitaria y educativa tienen que actuar de forma sinérgica", mediante el conjunto de los dispositivos de las redes asistenciales y de atención que permita a la ciudadanía transitar por los sistemas de forma fluida y sin disolución de continuidad, señalan.
Los profesionales implicados en la intervención familiar y la atención de situaciones de vulnerabilidad para la infancia y la adolescencia, aseguran sentirse "responsables, como colectivo, de la implementación, desarrollo y mejora constante de los protocolos para atender y prevenir situaciones de riesgo que puedan abocar a la vulneración de derechos de quienes más necesidad tienen de su garantía", y aclaran que "no existen protocolos de riesgo cero, máxime en sistemas garantistas como el que nos hemos dotado".
En el caso particular del doble crimen de Godella, las asociaciones que representan las Trabajadoras y Trabajadores Sociales en España y en Valencia recuerdan que "tiene que haber indicios claros para la actuación profesional y del sistema", al tiempo que aseguran que "es evidente la necesidad de reforzar los servicios sociales de atención primaria".
En este sentido, apuntan que "la clara insuficiencia de recursos en la proximidad hace que sea necesario el fortalecimiento de los servicios de apoyo" a las familias, tanto para la prevención como para el acompañamiento en todas las comunidades autónomas, el refuerzo del papel de los municipios en la detección del riesgo y la puesta en marcha de medidas, así como la detección precoz y la activación de los procedimientos de urgencia, y de las actuaciones coordinadas con las comunidades educativas, de servicios sociales y sanitarias.
Para el Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Valencia, un instrumento que facilitará las actuaciones es la "historia social única" que se detalla en la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana.
Esta herramienta que aglutinará el conjunto de la información obtenida en los procesos de intervención social de cada persona usuaria en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, con objeto de conseguir la "máxima integración posible de la documentación social", explican desde el colectivo profesional.
A su entender, la historia social contendrá la "información suficiente" para identificar claramente a las personas usuarias, prescribir la intervención y documentar los resultados con exactitud.
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