Las trampas en la ley para la okupación en España: "Estamos viviendo una situación de pánico social, no vemos solución"

Desde aquel 7 de diciembre de 1984 en el que una veintena de jóvenes punkis okupó un antiguo ambulatorio abandonado en Barcelona han pasado más de 40 años y el movimiento okupa ya no parece tener nada en común con esas reivindicaciones que gritaban "ni gente sin casas, ni casas sin gentes".

Su objetivo era entonces reutilizar edificios vacíos para crear comunidades que desafiaban las normas establecidas del momento. El problema de la vivienda era un problema ya entonces y ellos iniciaron este camino como solución.

Ahora, la ocupación se ha despojado de ese aire romántico y se ha convertido en un problema en nuestro país. Hay unanimidad en que la crisis del 2008 sentó un antes y un después. Y para hablar de la de ahora y no de la de antes, contamos con la ayuda de Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, y con Fausto Oviedo, presidente de la Asociación pro Derecho a la Propiedad Privada de Baleares.

"Ni gente sin casas, ni casas sin gentes"

En 2024, los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda crecieron un 7% con 16.426 casos registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y uno de los grandes baches que hay que saltar es la demora con la que la Justicia autoriza el desalojo de los okupas. Por no hablar de la situación en la que muchos propietarios encuentran luego el inmueble.

Estos datos resultan sesgados para la Plataforma de Afectados por la Ocupación: "Esta cifra es un número aproximado, solo de delitos que van por la vía judicial, de allanamientos y usurpaciones. En este caso quedarían todas las medidas extrajudiciales, que cada vez se están solicitando más, por una justicia que es muy lenta, que está siempre de cara al okupa y al inquiokupa y dando la espalda a los propietarios, pero a la vez tampoco recoge el fenómeno de la inquiokupación, ni de los vecinos convivientes, que también es una consecuencia social del problema de la ocupación", apunta Ricardo.

La diferencia entre allanamiento de morada y usurpación

El pasado mes de enero, el BOE publicó una reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia con la que se ha abierto la puerta a la esperanza. Pero antes de profundizar, es necesario explicar de qué hablamos cuando diferenciamos entre allanamiento de morada y usurpación. Lo primero es tener claro qué es la morada. Se entiende bajo este concepto todo bien inmueble que se utilice como residencia o domicilio y lugar de realización de actividades privadas. ¿Sería entonces una segunda residencia, una morada? Con la ley en la mano podríamos decir que sí, ya que se entiende como tal cualquier espacio en cuyo propietario pernocte o guarde sus pertenencias.

Teniendo esto en cuenta, en el allanamiento de morada el bien jurídico protegido es la intimidad del hogar y el derecho a la vivienda, mientras que en la usurpación lo es la propiedad.

El allanamiento de morada está tipificado en el artículo 202 del Código Penal. Este delito se produce cuando un particular que, sin habitar en ella, entra en una morada ajena o permanece en la misma contra la voluntad de su morador. Las penas de prisión oscilan de seis meses a dos años.

La usurpación está tipificada en el artículo 245 del Código Penal. Este delito se produce cuando un particular ocupa sin la autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o permanezcan en ellos contra la voluntad de su titular.

Según la modificación de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia, los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda podrán tramitarse bajo el procedimiento de juicios rápidos. Si el BOE publicó esta modificación el pasado 3 de enero, la medida entraría en vigor el próximo 3 de abril, eso sí, antes el Ejecutivo no impulsa una nueva ley orgánica para corregir la modificación que automáticamente se derogaría y no entraría en vigor.

¿Cómo debería ser una ley anti-okupación?

Esta medida que nadie niega que sea positiva no deja de ser una "tirita" en una red de decretos que, con la premisa de proteger a las familias vulnerables, lo que hace es, según los afectados, desproteger a los propietarios. Así que nos preguntamos, ¿qué debería decir la ley para erradicar la ocupación? Y en esta respuesta tanto Ricardo como Fausto coinciden: hay que hacer una norma integral anti-okupación.

Fausto Oviedo explica: "Nosotros somos una Asociación pro defensa al derecho a la propiedad privada y lo que entendemos es que como paso preliminar previo es necesario es derogar todas aquellas normas menores del ordenamiento jurídico español que se han ido integrando, de una forma muy subversiva, como esto de las ordenanzas municipales para el empadronamiento en el censo y un sinfín de pequeñas normas que de una forma constante y, aparentemente provocada, han hecho prácticamente la extinción del derecho a la propiedad en España. A partir de aquí si se quiere hacer un nuevo ejercicio normativo que sea antiokupación inmediata y policial, porque todo lo demás, toda esta hipertrofia normativa, toda esta dispersión de normas de menor rango en contra de un derecho constitucional como es el de la propiedad privada, lo que ha hecho es que hoy los propietarios podamos decir que no existimos".

Concretando un poco los indispensables para esa hipotética ley y basándonos en la postura de nuestros expertos tras la derogación de las normas menores que hoy recoge nuestro ordenamiento jurídico, un punto fundamental sería el de las medidas cautelares. El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha registrado una iniciativa en la que pide que el juez de guardia pueda adoptar medidas cautelares. Fausto añade: "las medidas cautelares son lo más importante porque los propietarios lo que queremos no es un desalojo posterior, ni una compensación abstracta de todo lo que hayamos sufrido, que nunca alcanza ni el 1% de los daños ocasionados. Lo que queremos es recuperar nuestra propiedad lo antes posible, en un plazo no superior nunca a 48 horas".

Desde la asociación que preside Fausto, también se muestran a favor de la creación de un censo de alquileres, pero ponen mayor empeño en "que aquellas personas que han incumplido un contrato aparezcan en un registro". Y además, ven "fundamental el tema de la seguranza, que los seguros de antiokupación sean reales. El daño mayor que sufre un propietario no es dejar de ganar una renta, es tener un inmueble con destrozos de más de 150.000, que la mayoría lo que tienen, y que obligan a vender a bajo precio. Lo cual nos vuelve a llevar un poco a las potenciales mafias de la okupación por encargo".

La vulnerabilidad

Fue precisamente para no volver a repetir los dolorosos desahucios vividos en la crisis de 2008 cuando se adoptó una medida, pensada en su origen, para proteger a las familias vulnerables. Pero, "hecha la ley, hecha la trampa" y la solución se acabó convirtiendo en una trampa para los propietarios. Y en parte también para una parte de esos vulnerables. "Precisamente el vulnerable se ha hecho más vulnerable por esta situación de inseguridad jurídica que vivimos en España. Hace 5-6 años el mercado del alquiler en España funcionaba, más o menos, bien, el problema es que cuando el propietario ha visto que en caso de que alquile una vivienda de su propiedad a un vulnerable está absolutamente indefenso y que por una renta está poniendo en juego un patrimonio de 200.000 euros, que jamás va a recuperar porque luego nadie se hace cargo de como recibe el propietario el inmueble," hace que cada vez menos gente quiera arrendar inmuebles a familias con niños pequeños, explica Fausto. Ricardo añade que el Gobierno pensó al principio que paralizando esos desahucios se iba a encontrar detrás grandes tenedores, sin embargo, apunta: "en el caso de las inquiokupaciones cerca del 90% están en manos de pequeños propietarios" y como el Ejecutivo dicen no ha cumplido con su responsabilidad de crear vivienda social en estos años está "delegando su responsabilidad en terceros".

"El vulnerable se ha hecho más vulnerable por esta situación de inseguridad jurídica"

De ahí que lo que ellos reclamen pase porque el Ejecutivo asuma él la responsabilidad de la vulnerabilidad. "El Estado lo que tiene que hacer es plantearse por qué un derecho están conculcados por una condición. El vulnerable no es un derecho, es una condición que sí se refleja en el artículo 10.1, pero que a fin de cuentas lo que provoca la situación de que seas vulnerable es que la administración pública tiene un deber. Es lo que se llama la acción social pública. Aquí lo que se ha hecho es trasladar el deber del Estado a los propietarios individuales de los inmuebles. Aquí lo que ha habido es una dejación de funciones durante mucho tiempo en cuanto a lo que es la concepción de un estado de bienestar como 'Dios manda' una acción pública solidaria con los vulnerables y cuando se ha visto que cuesta mucho hacerlo se nos ha derivado a nosotros toda la carga social de tener que ser los únicos responsables porque haya gente vulnerable y esto en un Estado de derecho no es concebible", reprocha Fausto.

La Asociación que representa Fausto ha elevado una propuesta en Baleares para "acompañar a los propietarios y que así no desistan de las acciones. Cuando tú ves que la tutela del estado no funciona, o si funciona es a la parte que no debería, el propietario entra en una barrena psicológica en la que al final se consigue un acuerdo de renuncia de acciones con pago incluido. El propietario se queda con los mismos daños, pero el ocupante queda liberado eximido y con dinero, por eso proponemos acompañar al propietario que se le acompañe en el sufragio de todos esos costes sobrevenidos y que el propietario le conceda un derecho de tanteo y retracto a la CCAA o a la institución que le aporte los medios, para que así la administración lo destine a vivienda social.

"Mafias por encargo"

Fausto y Ricardo coinciden en que, en esa evolución de la ocupación, ahora estamos en un momento en el que hay que hablar de mafias perfectamente organizadas. "No pensemos en ese concepto que tenemos de mafia internacional, de tráfico de armas, de drogas... Si no que son pequeños grupos organizados que conocedores del negocio que pueden hacer con las viviendas vacías, fundamentalmente de los grandes tenedores, lo que hacen es solicitar una nota simple en el registro de la propiedad para confirmar que es propiedad de un gran tenedor. Después tienen una red clientelar y lo que hacen es ofrecer esta vivienda por un precio que depende de los servicios que tenga, las características de la vivienda y la localización. Una vez que tienen ya al cliente, abren el piso, meten a la familia y les dan una serie de instrucciones para que, en caso de que algún vecino les haya localizado o bien aparezca la policía tengan un discurso, primero que demuestre habitabilidad y segundo vulnerabilidad para que no les puedan echar".

Fausto es conocedor de primera mano de lo que ocurre en Baleares, donde asegura se da "la tormenta perfecta". "Nosotros hemos triplicado la tasa de migrantes porque ahora pertenecemos a una ruta consolidada de migración que parte desde Argelia, pero que conlleva tres países distintos. El número se ha incrementado exponencialmente, pero también tenemos un problema demográfico, somos la CCAA que más crece en población. Si a todo esto le sumamos que cada temporada turística es necesario contratar a más de cien mil trabajadores turísticos, resulta que tenemos un problema de presión habitacional urgente". Y también señala Fausto: "La figura del inquiokupa se ha extendido también al inquiokupa vacacional. Hay muchos casos, sobre todo en las islas Baleares, con propiedades de alto valor económico, donde se ha demostrado una ocupación por encargo y por mafias ya bien conformadas. Existir existen y lo que está muy claro es que hoy en día se está okupando todo tipo de bien, que no tienen como objeto solo la vivienda, se okupan plazas de garaje, construcciones y obras con una finalidad claramente de extorsión al propietario, al constructor" porque insiste: "si a ti ocupar te cuesta cero y el valor del inmueble es superior en Mallorca que en otro sitio... Aquí estamos viviendo con un pánico social grande porque no vemos la solución".

Y precisamente, el hecho de que esto dependa de mafias hace más frustrante todo, ya que cada vez se conocen más casos que deciden ceder a los chantajes con el único fin de recuperar su bien. "La plataforma de Afectados por la Ocupación siempre recomienda iniciar un proceso judicial. Si bien es verdad, que nos estamos encontrando procesos judiciales que van por el sexto año sin una orden de lanzamiento o desahucio porque hay una paralización. Si es el caso de un allanamiento, se llama a la Policía y rápidamente pueden intervenir porque hay un delito flagrante de una vivienda que está habitada. En los casos de usurpación ya tenemos un problema, porque va a depender de si el propietario es conocedor de esta okupación y puede solicitar la devolución de esta propiedad una vez que han entrado. En el caso de que haya pasado un tiempo, que la policía estime que se ha producido habitabilidad, el afectado lo que tiene que hacer es denunciar en la policía. En el caso de la inquiokupación, a partir del tercer mes del impago, hay que denunciar y tienen que afrontar unos procesos judiciales larguísimos, que además no son garantía de éxito porque existe esta ley que paraliza los desahucios de las familias que son vulnerables. Lo que nos estamos encontrando hoy en día es que un porcentaje muy elevado de okupación e inquiokupación prefieren no denunciar porque es la forma más rápida de recuperar la posesión, bien a través de empresas de mediación o de desokupación", relata Ricardo.

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