Los propietarios de las casas, en el complejo residencial Mirador Monte Pedrera (Denia), viven una situación complicada. Denuncian que 23 de las 64 viviendas que tiene la comunidad se encuentran okupadas de forma ilegal. Sólo once están vendidas legalmente.
Los vecinos denuncian haber recibido amenazas de muerte y agresiones físicas y verbales por parte de los okupas. Un trabajador de la empresa de seguridad encargada de vigilar la urbanización, tuvo que ser hospitalizado después de que le partieran el brazo. Desde entonces, la urbanización no cuenta con agentes de vigilancia por miedo a represalias.
Los propietarios denuncian, además, que sus coches han sido dañados. Incluso, dicen que, han intentado forzar las cerraduras de algunos de los domicilios. Otro de los problemas que se suma a esta comunidad de vecinos es el alto precio de la factura de la luz. Los enganches ilegales a la electricidad han supuesto a la comunidad de vecinos facturas sin pagar por el importe de 20.000 euros.
La situación, aseguran los inquilinos, ya ha sido denunciada en más de una ocasión a la Policía y en el Ayuntamiento. Pero las cosas no han ido a mejor, ya que las personas okupantes siguen alojadas en la urbanización, desde que ingresaran en 2017.
A este problema de convivencia vecinal, se suma otro. La propia promotora no abona la parte de la comunidad que le corresponde. Debe a cada propiertario 150.000 euros.
Lo que en su día debió de ser un complejo urbanístico de lujo, en la actualidad es una comunidad con incontables imperfecciones: no hay luz en las zonas comunes (garajes y escaleras), apenas funcionan los ascensores, y tampoco pueden hacer uso de la piscina.
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