Una operación contra el tráfico ilegal de especies se cierra con 59 detenidos

Se trata de la operación "Thunderbird" que la Interpol puso en marcha para combatir los delitos contra la flora, la fauna y los recursos forestales y en la que han participado 42 países de todo el mundo, informó hoy la Guardia Civil española.

En la operación se llevaron a cabo miles de inspecciones en envíos de paquetería, equipajes, comercio ilegal a través de internet, contenedores de mercancías, tiendas de animales, anticuarios, cotos de caza y espacios naturales, entre otros.

Interpol y Naciones Unidas son conscientes de que los delitos medioambientales se colocan en el cuarto lugar como negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial, tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas.

Hasta el punto de que las ganancias se estiman entre 91.000 y 285.000 millones de dólares al año, a un ritmo de crecimiento anual de entre el 5 y el 7 por ciento.

Felinos como el lince caracal y los gatos servales; 35 primates (monos tití, de cara azul o talapoin), 48 aves rapaces (buitres, halcones y águilas), 200 aves exóticas (tucanes, kakarikis, loros o faisanes), reptiles (tortugas, cocodrilos, camaleones o serpientes) o especies marinas como tiburones, atunes rojos, caballitos de mar y alevines de angulas son algunas de las incautaciones.

Además, en el caso de España, la Guardia Civil se incautó de partes o derivados de diferentes especies, como las 421 tallas de marfil de elefante africano, asiático y de morsa, un león y dos cocodrilos desnaturalizados, mandíbulas y dientes de tiburón y decenas de corales y muebles fabricados con ébano y Dalbergia nigra o jacarandá de Brasil.

Los expertos de Interpol estiman que el delito contra el medio ambiente es el que mayor crecimiento está registrando en el mundo gracias al beneficio económico que reporta a las redes criminales.

España, según destaca el Sepron es por su ubicación geográfica y vínculos comerciales y culturales un lugar de tránsito o destino de numerosos tráficos ilegales de especies de flora y fauna desde África y América central y del sur con destino al mercado interior, al resto del continente europeo o a Asia.

Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de entre seis meses y cinco años y a multas de hasta el 350 por ciento del valor comercial de la especie.