El propietario de la casa, un anciano de Salcedo, en Pontevedra tuvo que marcharse hace algo más de un año por motivos personales. Desde hace un mes y medio su casa ha sido okupada y él no puede volver.
Al principio, parece que fueron tres personas las que okuparon la casa, ahora podrían ser al menos siete y la familia y vecinos del anciano creen que, incluso, puedan estar alquilando habitaciones.
Ángeles Durán, sobrina del anciano, vive a pocos metros de los okupas y cuenta su impotencia: "A mi tío hay que decirle las cosas de la forma más suave posible, no entiende porque no puede venir a su casa".
Las pertenencias del anciano las han tirado por la ventana
Ángeles, incluso, ha llegado a intentar dialogar con los okupas: "Me contestaron que les habían dicho que el propietario estaba fallecido" y ahora todas sus pertenencias, documentos, papeles y libros se ven esparcidos y tirados por el jardín de la vivienda.
Los okupas insisten en que "no quiero dormir en la calle, quiero dormir en la casa".
Impotentes y desamparados
La familia del anciano, de avanzada edad, tampoco puede cortar la luz y el agua de la vivienda: "Pueden denunciarte no sé si por acoso o coacción".
Los vecinos también denuncian robos en sus huertos:"Hay muchas tierras aquí, y si queréis comer, la trabajáis" se queja .
Temen irse de vacaciones: "Puede venir cualquiera a mi casa y meterse en ella y no puedes hacer nada".
Ángeles no acaba de comprender cómo el sistema legal y judicial español permite todavía estas tropelías.
Presentó denuncia en Comisaría y en el Juzgado, pero según le explicó su abogado, si no se detecta el allanamiento dentro de las 48 horas siguientes de producirse, la Policía ya no puede intervenir y tiene que ser un juez quien ordene el desalojo. Un trámite que puede prolongarse meses y a veces años.
