Una veintena de detenidos en Torre Pacheco, Murcia, en una operación contra la inmigración ilegal

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torre Pacheco (Murcia) a veinte personas en una operación contra la inmigración ilegal de súbditos indios que llegaban a España escondidos entre el equipaje en turismos de alquiler desde Serbia. Seis de los veinte detenidos dirigían la organización criminal que trasladaba a los inmigrantes para que efectuaran labores agrícolas en cuadrillas de reparación y construcción de invernaderos en la Región de Murcia y los restantes catorce están acusados del delito de usurpación del estado civil, informó la Policía Nacional.

La banda contaba con la connivencia de otros ciudadanos de origen indio que permitían a la organización utilizar su documentación para darles de alta en la Seguridad Social, recibiendo parte del salario correspondiente a los trabajadores.

En primer lugar, facilitaba el empadronamiento de aquellas personas que habían trasladado desde Serbia y que, por tanto, se encontraban en Murcia de manera ilegal y para ello contaban con partícipes que facilitaban sus domicilios a cambio de una remuneración económica. Una vez empadronados, la red les facilitaba un trabajo consistente en la construcción o reparación de invernaderos, sin embargo dicha actividad la realizaban usurpando la identidad de otros compatriotas con residencia legal en España y que, previamente y con su consentimiento, habían sido dados de alta en la Seguridad Social por la organización.

Las personas que cedían su documentación legal se beneficiaban de los derechos inherentes al sistema de la Seguridad Social español sin ser los que realmente trabajaban en la actividad agrícola para la que se traían desde Serbia a ciudadanos indios sin papeles. Incluso alguno de los extranjeros que cedían su documentación a los ilegales ni siquiera residían en España sino en Francia o en Alemania y además cobraban parte de los emolumentos que deberían cobrar los compatriotas ilegales que realmente realizaban el trabajo. Los inmigrantes ilegales sufrían condiciones laborales de abuso cobrando un salario inferior al que realmente les correspondía.

En tal situación de explotación debían aguantar durante tres años para poder pedir su regularización a través de la vía de arraigo social. De esta forma, la organización criminal disponía de nuevos partícipes dispuestos a facilitar su documentación para que otros inmigrantes ilegales desarrollasen un trabajo con una identidad falsa, mientras ellos cobraban parte del sueldo correspondiente a los verdaderos trabajadores y disfrutaban de los derechos inherentes al sistema de la Seguridad Social español.