La Manada
La víctima de La Manada solicita dos años y un día de prisión para las dos detectives que la espiaron tras la violación
Las detectives vigilaban y tomaban fotografías a la víctima mientras cenaba con su familia, salía con amigos o se bañaba en la piscina.
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Dos detectives privadas podrían enfrentarse a penas de prisión por realizar un seguimiento no autorizado a la víctima de la violación cometida por La Manada en los San Fermínes de Pamplona en 2016. La abogada de la víctima, Teresa Hermida, ha solicitado una condena de dos años y un día de cárcel para las investigadoras por presuntos delitos de revelación de secretos, contra la intimidad y contra la integridad moral.
El informe, elaborado por una agencia de detectives de Sevilla, detalla que la joven de 18 años fue vigilada durante tres meses tras la violación. Según este, la víctima "sale, se divierte con sus amigos y mantiene una actitud normal". Sin embargo, Hermida argumenta que la investigación fue mucho más allá de observar en espacios públicos, sino que se entrometió en la vida íntima de la víctima.
Fotografías en bañador
El seguimiento "no se limitó únicamente a la actitud que la denunciante pudiera adoptar en espacios públicos, sino también a la vigilancia y captación de imágenes de la vida íntima de la denunciante en espacios privados de esparcimiento con su familia y amigos", señala la abogada en el escrito de acusación. El informe incluía fotografías en la piscina de la urbanización donde residía la joven, captándola en bañador y acompañada de amigos. Estas venían acompañadas de comentarios como "se ríe y disfruta de sus amigos y del momento".
La acusación va más allá de las imágenes en la piscina, también contenía momentos cenando con sus padres en un restaurante con la descripción "cena cómodamente con su familia" y "ella es el centro de atención de la mesa con su conversación". Incluso incluyeron capturas de sus padres saliendo en coche del domicilio.
El proceso judicial
El juez Enrique de la Hoz, titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, archivó la investigación en dos ocasiones sin siquiera tomar declaración a la víctima. Las detectives, amparándose en su derecho a no declarar, tampoco aportaron información relevante para el caso.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó en dos ocasiones la decisión del juez, ordenando la reapertura de la investigación al considerar que existían "indicios de delito" en la actuación de las detectives. El tribunal criticó a De la Hoz por su falta de diligencia y por no haber practicado ninguna otra más allá de citar a declarar a las acusadas.
Finalmente, De la Hoz dio por concluido la investigación el verano pasado solicitando a las partes que se pronunciara para la posibilidad de realizar un juicio a las dos detectives. La víctima ya ha presentado su escrito de acusación solicitando penas de prisión.
Las detectives fueron contratadas pro la familia del militar que participó en la violación grupal a la víctima, Alfonso Cabezuelo. Los cinco hombres de La Manada fueron condenados a 15 años de cárcel. Sin embargo, tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, se les rebajó un año y tres meses.
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