Anna González se quedó viuda en 2013 cuando su marido fue arrollado por un camión mientras pedaleaba en su bicicleta, y cuyo conductor se dio a la fuga. Este miércoles, seis años después, ha visto al Senado aprobar definitivamente el cambio legal que ella misma impulsó.
"Él que se fugue la va a pagar", celebra. Antes de acudir a la Cámara Alta junto a algunos de los ciudadanos que se sumaron a su batalla, como el ciclista Alberto Contador, Anna ha dado una rueda de prensa en la sede de change.org, la plataforma a través de la que reunió más de 326.000 firmas para promover este cambio del Código Penal.
La norma que se va a aprobar endurece las penas a los conductores imprudentes al volante que causen accidentes con muertos o heridos e introduce como delito el abandono del lugar del accidente, es decir, lo mismo que hizo el conductor que atropelló a su marido.
La reforma del Código Penal prevé que aquellos conductores que causen accidentes con muertos o heridos se enfrentarán hasta a nueve años de cárcel si ocasionan varios fallecidos o hasta cuatro años de prisión si abandonan el lugar del siniestro. Esta reforma surge a raíz de la campaña #PorUnaLeyJusta, a través de la plataforma Change.org, para exigir que muertes como la de su marido no quedasen impunes.
González ha aprovechado para agradecer a las personas, grupos parlamentarios, colectivos y medios de comunicación que la han respaldado en estos tres años de lucha, que, según ha afirmado, "no han sido fáciles", una "auténtica montaña rusa". A partir de ahora, se dedicará "a vivir". Se ha mostrado "muy satisfecha" de que se apruebe una ley "para personas" que afecta no solo a ciclistas sino también a peatones, motoristas, conductores y a todos los ciudadanos, que a partir de hoy contarán con una protección en caso de la fuga del conductor o en caso de sufrir lesiones en carretera.
Esta propuesta de reforma del Código Penal fue avalada en noviembre del año pasado por el Pleno del Congreso con 269 votos a favor y 69 en contra (diputados de Podemos). Su intención es redefinir dos supuestos, entre ellos la imprudencia grave al volante, que incluye la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad castigado con penas que podrían elevarse uno o dos grados más si el conductor causa la muerte o lesiona a dos o más personas, de manera que el máximo sería nueve años de cárcel si el número de fallecidos fuera "muy elevado".
El segundo supuesto es la imprudencia menos grave, en donde será el juez el que estipule si el accidente se produjo por una infracción grave de las normas de tráfico y en caso afirmativo, los conductores que causen lesiones que requieren tratamiento médico o quirúrgico serán castigados con una multa de tres a 12 meses y hasta 18 meses en caso de homicidio.
El texto incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente que estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión, y de uno a cuatro años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados, penas que se reducirían si la causa del accidente fuera fortuita. Con la anterior regulación penal, el 90% de los accidentes quedaban impunes incluso si se causaba la muerte al ser considerado supuesto de "imprudencia leve", que fue despenalizada en 2015.
