Este es el único cargador permitido por la UE a partir de hoy

A partir de hoy, el tipo de cargador USB-C es lo único permitido para todos los dispositivos electrónicos que se comercialicen en la Unión Europea.

Esto se debe a que ya ha concluido el plazo de adaptación de dos años que la ley europea estableció al impulsar esta normativa.

La medida tiene como objetivo unificar criterios de mercado, hacer más fácil la vida a los consumidores, mitigar la dependencia en los dispositivos de una marca y reducir residuos electrónicos.

Los ordenadores portátiles tienen un plazo más amplio, hasta el 28 de abril del 2026, para que los obligue esta normativa.

La directiva europea también armoniza los requisitos de carga rápida y ofrece a los consumidores la opción de no recibir un nuevo cargador con cada compra de dispositivo. Esta normativa busca mitigar el bloqueo tecnológico, por el cual un consumidor se vuelve cautivo de un fabricante concreto al adquirir uno de sus dispositivos, porque no son compatibles con la electrónica de otras marcas. El objetivo de esta ley es triple: garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos electrónicos y evitar la fragmentación del mercado de los dispositivos de carga.

Hasta ahora había diversidad de cargadores y convivían en Europa el ahora obligatorio USB-C, el USB 2.0 Micro B y el Lightning.

Eso, sin embargo, contribuye a generar hasta 11.000 toneladas de residuos electrónicos el año, según estimaciones de la Comisión Europea.

La normativa nueva, que entró en vigor en diciembre de 2022, ha pretendido atajar esta cifra, de manera que los consumidores puedan comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional si no lo necesitan, lo que estiman que ahorrará a la ciudadanía un agregado de hasta 250 millones de euros anuales en cargadores.

Reducción de residuos electrónicos

Esta ley se enmarca en una estrategia más amplia de la UE encaminada a reducir los residuos electrónicos e informar a los consumidores de manera que puedan tomar decisiones más sostenibles.

Además de reducir los residuos electrónicos generados por la venta de equipos radioeléctricos, la normativa pretende reducir la extracción de materias primas y las emisiones de CO₂ generadas por la producción, el transporte y la eliminación de cargadores.