La Dirección General de Ordenación del Juego, el organismo encargado de la regulación de juegos de azar en España, ha firmado una carta suscrita por organizaciones homólogas de otros 15 países y territorios en la que denuncia los riesgos de las cajas de botín en los videojuegos y las considera "similares" a las apuestas en línea.
En el último lustro, los jugadores online han triplicado el dinero que gastan. De los casi 1.500 millones en 2013 a los 4.200 en lo que llevamos de año.
El máximo organismo regulador del juego a nivel español ha publicado este lunes una declaración firmada por su director general, Juan Espinosa García, Ordenación del Juego denuncia los riesgos de las cajas de botín en los videojuegos y las ve "similares" a las apuestas en la que ha expresado "preocupaciones relacionadas con las líneas difusas entre las apuestas y los videojuegos".
La declaración, discutida durante el Foro Europeo de Reguladores del Juego de 2018 celebrado en Praga (República Checa) "identifica en algunos productos y servicios emergentes de videojuegos características similares que conducen a sus respectivas regulaciones de apuestas en línea".
Entre los elementos que aproximan a los videojuegos al juego 'online', Ordenación del Juego ha destacado las ventas de 'skins', los trajes personalizados de algunos videojuegos, en especial los de rol, las cajas de botín o 'lootbox', objetos adicionales de pago cuyo contenido concreto depende del azar y los videojuegos sociales tipo casino.
Estas características se encuentran presentes a través de contenidos que en muchas ocasiones son accesibles para niños y menores de edad a través de videojuegos, como han alertado los organismos firmantes.
Los reguladores se han comprometido a colaborar entre ellos para analizar los videojuegos y juegos sociales y sus características, así como a "establecer un diálogo informado con las industrias del videojuego para asegurar la implementación apropiada y eficiente de las leyes y regulaciones nacionales".
A pesar de la unión que propone la carta, los organismos nacionales mantienen la capacidad de aplicar su propio marco normativo para la regulación de los videojuegos, así la posibilidad de colaborar con organizaciones e instituciones locales de protección del consumidor.
La declaración ha sido suscrita por las autoridades de juego de 16 territorios entre los que se encuentran 15 europeos (España, Francia, Reino Unido, República Checa, Letonia, Malta, Irlanda, Portugal, Países Bajos, Polonia, Austria y los territorios de la Isla de Man, Jersey y Gibraltar) más el estado de Washington D.C. (Estados Unidos).
La carta anima a más países a unirse a la iniciativa, y recomienda también a los estudios desarrolladores de estos videojuegos a "comprometerse" con el diálogo con las autoridades reguladores para "ofrecer posibilidades para las apuestas". Esta decisión va en línea con las tomadas por otros territorios en relación a las cajas de botín recientemente, como es el caso de Bélgica, que inició la pasada semana una investigación criminal contra el estudio Electronic Arts por el uso de 'lootbox' en videojuegos como FIFA 18, ignorando la solicitud de retirada emitida por el país.