La jueza propone juzgar a Luis Lorenzo por "aislar" e "incomunicar" a su tía política para controlar su patrimonio

La jueza de Instrucción número 9 de Arganda del Rey ha propuesto juzgar al actor Luis Lorenzo y a Arancha Palomino por "aislar" e "incomunicar" a su tía María Isabel para controlar su patrimonio y transferir tras su fallecimiento elevadas cantidades de dinero de sus cuentas "para fines ajenos a los intereses de la finada", sin concretar el delito específico.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda transformar las diligencias abiertas contra el actor, Arancha Palomino y la cuidadora de María Isabel en un procedimiento abreviado, lo que supone la finalización de la investigación abierta inicialmente por un delito de homicidio.

La instructora da traslado a las partes personadas para que formulen sus respectivos escritos de conclusiones y se pronuncien sobre la apertura de juicio oral.

La justicia investiga al actor y a su exmujer desde mayo de 2022 por ser los presuntos autores de la muerte de la anciana, cuyo primera autopsia concluyó la presencia de niveles de cadmio y manganeso por encima de lo normal. Sin embargo, el último informe forense descartó que se pudiera asegurar que muriera envenenada.

En plena instrucción, la jueza imputó a la cuidadora de la anciana tras escuchar el relato de varios testigos y practicar diversas diligencias.

En un auto del pasado diciembre, al que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la cuidadora contra el auto en el que la instructora acordaba denegar el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a esta investigada.

Denuncia del hermano de la víctima

La pareja fue detenida por la Guardia Civil a raíz de una denuncia del hermano de la víctima por no poder comunicarse con María Isabel desde que fue trasladada a Madrid por la pareja. Tras morir, les culpó del asesinato de la anciana para hacerse con su herencia esgrimiendo que cuando estaba en la localidad de Grado (Asturias) no tenía ninguna patología salvo una sordera y cataratas.

Sin embargo, el auto de la jueza no especifica el delito por el que deben, a su juicio, ser juzgados, ya que se descarta que sea por homicidio o asesinato. El abogado del actor, el letrado Juan Manuel Medina, ya ha recurrido el auto por este motivo.

Antes de que se cerrara la investigación, el abogado de los investigados solicitó a la magistrada la devolución de parte del dinero intervenido en uno de los registros de la vivienda de Rivas, que ascendía a 142.000 euros. Lo reclamó con la finalidad de que pudiera hacer frente a gastos fundamentales para el sostenimiento indispensable de la familia.

Al respecto, la magistrada replicó en un auto dictado el pasado mes de octubre que "por el momento no se ha esclarecido el origen de las cantidades aprehendidas y que uno de los delitos investigados tiene relación con la gestión del patrimonio de la finada".

Entendía que "no se puede garantizar una futura y constante entrega de cantidades, como si de una fuente de ingresos se tratara, sobre todo cuando no se aporta documentación acreditativa (básica) de las alegaciones".

Indicios racionales de criminalidad

En el auto de conclusión de la investigación, la jueza expone que de las diligencias se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten imputar a Luis Lorenzo, a Arancha Palomino y a una cuidadora diversos hechos punibles.

El relato arranca el 8 de marzo de 2022 cuando el matrimonio se desplazó a Grado con el objetivo de recoger de su domicilio a la tía materna de Arancha con la idea de que se instalara definitivamente en Madrid.

Según la jueza, María Isabel, de 85 años, "gozaba de autonomía para vivir sola y realizar pequeños viajes en tren a Madrid, sin necesidad de asistencia". Además de una importante sordera y cataratas, se le detectó un episodio de demencia el 4 septiembre por los servicios sanitarios madrileños.

Llama la atención de la jueza que durante doce años, la mujer acudiera catorce veces a consultas médicas de Asturias por diversas causas, mientras que en los cuatro meses que estuvo en Madrid hasta su muerte lo hiciera catorce veces por "razón del deterioro impresionado".

La sanidad madrileña le diagnosticó deterioro cognitivo neurodegenerativo y parkisonismo con alteración conductual, y prescripción de antidepresivos antipsicóticos. En junio del 2021, fue valorada en consulta de neurología del Hospital Ramón y Cajal, con diagnóstico de demencia degenerativa primaria tipo enfermedad de Alzheimer.

Transferencias de sus cuentas

Igualmente y a pesar de ser conscientes del avance en sus problemas de movilidad y escasos momentos de lucidez, giraron visitas a diversas notarías en poco tiempo, "con el objetivo de aumentar el poder de disposición de sus cuentas".

Según el relato, Lorenzo y su exmujer recogieron a la mujer el 7 de mayo de ese año en las urgencias del hospital y acudieron al notario para que la anciana cambiara el testamento y la incluyera como heredera, lo cual ocurrió.

Posteriormente, obtuvieron un poder especial limitado para disponer del dinero, condicionado a los cuidados de la anciana. Poco después, en fecha 26 y 27 de mayo del 2021, Luis Lorenzo, contactó con su asesor para informarse de cómo proceder a desheredar a los hermanos de María Isabel y disponer de 10.000 euros.

Sin embargo, según la jueza, respecto de las gestiones encaminadas para acceder a las imposiciones a plazo fijo propiedad de María Isabel, no resultaron fructuosas puesto que el notario último al que acudieron concluyó falta de capacidad de la otorgante, ya que ésta apenas se podía expresar. Ese mismo día, la mujer sufrió un ictus.

Tras el fallecimiento de María Isabel, cuya causa exacta no se pudo determinar, "el matrimonio continuó disponiendo del dinero contenido en su cuenta, constando transferencias de elevado importe para fines ajenos a los intereses o deseos de la finada".

Antes del fallecimiento, se contrató a una cuidadora, que contaba con antecedentes penales. Aunque en un primer momento detectó que el matrimonio incumplía con los deberes más básicos decidió "continuar trabajando con la pareja" y no puso en conocimiento de la autoridad u organismo pertinente lo observado.

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