¿Hay que evitar que la vivienda protegida termine en el mercado libre?

En España, la polémica sobre la venta de viviendas protegidas a fondos de inversión, ha cobrado fuerza en los últimos días. Este modelo de "venta posterior" de viviendas de protección oficial plantea dudas sobre su legalidad y moralidad, especialmente cuando conocen casos concretos y se analiza la situación actual del mercado de vivienda en nuestro país.

Uno de los grandes problemas de la vivienda protegida en España radica en el tiempo limitado de su duración, que varía según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el País Vasco, las viviendas de protección oficial se mantienen indefinidamente, mientras que en lugares como Cataluña se establecen plazos de 30 años, y en Madrid o Andalucía, los plazos son de 10 a 15 años. Una vez transcurrido ese tiempo, estas viviendas pueden ser vendidas, y en muchos casos, los compradores son fondos de inversión.

Alquileres que se duplican

Es lo que ocurrió con el edificio de viviendas de Sanchinarro X, en Madrid, que nació como un proyecto de alquiler social para jóvenes. Sergio Sanz, uno de los primeros inquilinos de este edificio, recuerda que en 2005, el proyecto de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) ofreció viviendas sociales para jóvenes a través de un sorteo. Sin embargo, a los cinco años, en 2010, se vendió el edificio a un fondo de inversión, Lazora, sin previo aviso a los inquilinos, quienes se enteraron por sorpresa durante sus vacaciones.

Sergio relata cómo, tras la venta, los nuevos propietarios incrementaron el alquiler de su vivienda de 380 euros mensuales a 700-800 euros, un aumento de más del 100%. Este aumento fue insostenible para muchos inquilinos, y algunos, como Sergio, se vieron obligados a abandonar sus hogares. En su caso, consiguió que la empresa le condonara la deuda tras la subida de alquiler a cambio de dejar libre la casa donde estaba con su hijo y su mujer. En palabras de Sergio, “La culpa no era del comprador, la culpa era de los políticos que han vendido la vivienda social. Se ha usado el dinero público de todos los ciudadanos para lucrar a ciertas personas. La vivienda social tiene que ser social”.

Por otro lado, los propietarios actuales del edificio, representados por el fondo de inversión Nestar, afirman que, cuando se produjo el cambio de propiedad, revisaron la situación de cada inquilino caso por caso, y mantuvieron las condiciones para aquellos que cumplían los requisitos. Sin embargo, los precios de los alquileres han subido considerablemente, con un alquiler medio actual en el edificio de 1.050 euros al mes. El precio de las viviendas en esta promoción se ha disparado. Al buscar en internet, se encuentran anuncios de alquiler de pisos de 1 habitación por 1.300 euros al mes y de mayor tamaño por 1.500 euros, una cifra muy lejana al alquiler inicial de las viviendas sociales.

¿Protección social indefinida?

La situación actual del mercado de la vivienda en España refleja el problema que se vive en muchas ciudades españolas donde los alquileres se disparan y las familias con menos recursos se ven desplazadas cada vez más lejos del centro de la ciudad. Este fenómeno tiene dos grandes causas. La primera es la escasez de vivienda pública en España, que sitúa al país entre los últimos de Europa en cuanto a porcentaje de vivienda de protección oficial. En países como el Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, Dinamarca o Polonia, el porcentaje de viviendas protegidas es significativamente más alto que en España, donde solo un 2,5% del parque inmobiliario es de protección oficial. El segundo problema es la falta de una regulación coherente sobre la duración de las viviendas de protección oficial. En algunas comunidades autónomas, el ciclo de vida de estas viviendas es demasiado corto, lo que abre la puerta a la especulación.

El argumento utilizado por muchos ayuntamientos para justificar la venta de estas viviendas es que necesitan recuperar fondos para poder financiar nuevos proyectos de vivienda. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que, en muchos casos, los fondos obtenidos no se destinan a la construcción de nuevas viviendas, sino que se utilizan para cubrir deudas, lo que perpetúa la falta de nuevas viviendas protegidas. Este modelo económico y especulativo está poniendo en jaque la idea de la vivienda como un derecho social.

Algunos expertos sugieren que es necesario establecer límites claros a la duración de las viviendas de protección oficial, y que el modelo de alquiler social debe prevalecer mucho más allá de los 10 o 15 años establecidos en algunas comunidades. Este modelo de "vivienda social a corto plazo" parece que es insuficiente y no cubre adecuadamente las necesidades de todas las familias con pocos recursos que necesitan un techo.

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