El magistrado Ignacio González Vega, sobre las demandas a Sánchez y Mazón por la DANA: "No tienen mucho recorrido"

El reciente inicio de un proceso judicial por "inacción" ante la DANA en la Comunidad Valenciana, que involucra a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha generado un debate sobre su viabilidad y posibles efectos legales. Los expertos Ignacio González Vega, Fernando Portillo y Cruz Sánchez de Lara, han analizado en Espejo Público el alcance y las posibles consecuencias de esta demanda.

Para el magistrado González Vega, las posibilidades de que la demanda avance en términos legales son limitadas. Ha explicado que la acusación se basa en una supuesta "inacción" del gobierno valenciano, ante la situación de catástrofe vivida en diversos municipios afectados por las inundaciones. Sin embargo, González Vega precisó que, en derecho administrativo, solo se considera inacción cuando existe una “obligación legal precisa y concreta”, un elemento que no es claro en este caso.

Respecto al papel del Gobierno central, González Vega destacó que su recorrido judicial es aún más limitado, ya que “la declaración del estado de alarma es un acto político constitucional que solo compete al Gobierno; no es algo que los tribunales puedan forzar”.

Precedente judicial y posibles efectos políticos

Cruz Sánchez de Lara, abogada y colaboradora habitual del programa, cree que se ha actuado con “precipitación” en la presentación de la demanda, sugiriendo que podría haber tenido más éxito si se hubiera recopilado más información antes de avanzar en el proceso. Según Sánchez de Lara, un archivo o rechazo de la demanda podría tener un “impacto negativo para lo que ha pasado en Valencia”, y considera que las resoluciones de los tribunales podrían establecer un precedente para futuras situaciones de catástrofes en España.

Por su parte, Fernando Portillo explicó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido la demanda “superando el filtro formal”, lo que significa que se evaluará su contenido. Sin embargo, Portillo ha advertido que las consecuencias jurídicas podrían ser mínimas y, en caso de que el tribunal fallara que la administración actuó de forma irregular, el peso del veredicto sería más simbólico y orientado hacia una responsabilidad política.

Desde el punto de vista penal, González Vega ha explicado que en el derecho penal se requiere identificar conductas específicas con una clara relación de causalidad que hayan derivado en el resultado de muertes u otros daños graves. Este criterio restrictivo del derecho penal complica aún más la viabilidad de cualquier acusación criminal por parte de las víctimas de la DANA.

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