Timo
Alerta por el aumento de fraudes en el uso de tarjetas para personas con movilidad reducida
El uso de las tarjetas de movilidad reducida de forma fraudulenta ha aumentado en los últimos meses. Así actúan quienes disponen de esta tarjeta de modo fraudulento.
![Discapacitados. Discapacitados.](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages01/2022/05/05/F9E0DED0-493C-4848-816E-7ADA57E36216/discapacitados_70.jpg?crop=1393,784,x0,y0&width=480&height=270&optimize=high&format=webply)
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El fraude en las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se encuentra al alza. La Policía Municipal de Madrid ha denunciado en los últimos 3 años a 300 personas relacionadas con este fraude. La práctica delictiva puede acarrear hasta penas de dos años de prisión y 3.000 euros de multa.
El modus operandi de este fraude es el de usar la tarjeta de una persona fallecida, ya que este tipo de tarjetas se renuevan cada 5 años.
La Unidad de Investigación y Coordinación Judicial es la encargada de investigar este tipo de delitos. Espejo Público revela hoy todos los detalles de este fraude que aumenta entre los conductores.
Tal y como explica el portal de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid. Serán consideradas personas con movilidad reducida aquellos invidentes o con deficiencia visual que, previo examen por un oftalmólogo autorizado por la ONCE o por los equipos multiprofesionales de reconocimiento del grado de discapacidad, acrediten que cumplen en ambos ojos y con un pronóstico fehaciente de no mejoría visual.
De manera general hace referencia a las personas afectadas por pérdidas funcionales anatómicas o deformaciones esenciales, en grado igual o superior al 33% que dificulten gravemente utilizar transportes colectivos y con graves problemas de deambulación.
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El intendente de la Policía judicial de Madrid, Jesús María García Cortijo, señala que existe la manipulación ordinaria del documento y el uso indebido de este. Las tarjetas son nominales y hay incluso familiares de fallecidos que eran titulares de la tarjeta que siguen usándolas. "Es un documento público y tiene que ser el juez quien determine su responsabilidad. Jugamos con la ventaja de que hay una base de datos a nivel autonómico y podemos comprobar en tiempo real si se ha pedido esa tarjeta y a nombre de quién se ha hecho".
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