Complicado desalojo en Móstoles. "Es una vulneración muy grave de los derechos fundamentales de estas familias"

Un equipo de Espejo Público ha acudido al desahucio durante toda la mañana y se han encontrado un gran despliegue policial. Los abogados de los afectados afirman que “han solicitado desde un primer momento estar en la puerta por si se cometiera alguna irregularidad o esperar a la comisión judicial y en todo momento nos lo han impedido”.

Ana acaba de ser desahuciada y tiene una gran preocupación porque no tiene ningún techo en el que pasar la noche. “Esta mañana a las 7 de la mañana han entrado para echarnos, cuando el desalojo estaba previsto para las 9”. Esta vecina siente que los organismos le dan la espalda porque no le dan un bono social y se ve obligada a estar viviendo en el edificio.

¿Qué alternativas tienen estas familias?

Beatriz de Vicente, abogada y colaboradora en el programa Espejo Público comenta que cuando en este tipo de situaciones hay menores o discapacitados, tienen que darle algún tipo de oportunidad habitacional a los niños. Aunque, Ana le replica diciendo que les han dejado en la calle y sin ningún amparo, “solo nos dan una opción, el irnos a un hotel durante dos noches fuera de Móstoles, esto es un delito, no les importa”. La abogada añade que tienen que lucharlo en el juzgado, no pueden dejar a los menores en la calle.

“La Dignidad”, más de 40 personas estarán sin hogar

El edificio se conoce como “La dignidad” en su interior viven varias familias desde hace 9 años, en total son 48 personas y entre ellas hay 18 menores. La mayoría de ellos son de una plataforma Afectados por la Hipoteca y aseguran que hay un fondo buitre detrás.

El edificio se ocupó por las necesidades de estas familias en 2014. El bloque de pisos se encontraba abandonado completamente. “La empresa estaba en un concurso de acreedores y ahora la ha comprado un fondo buitre” confirma María Soledad García, abogada de las familias desahuciadas. Añade que ese fondo buitre necesita que se lleve a cabo cuanto antes el desalojo. Otro de los abogados, Manuel San Pastor, determina que la situación “es una vulneración muy grave de los derechos fundamentales de estas familias”.