El director de salud balear desmiente a Armengol: "La reclamación la puso en marcha el PP"

El actual director del Servicio de Salud balear lo confirma: "la reclamación se inicia el día 24 de agosto de 2023". Estas declaraciones contradicen la versión de la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando aseguró que el expediente para reclamar las mascarillas defectuosas lo inició su gobierno.

Javier Ureña tomó posesión del cargo el 12 de julio de 2023, tras las elecciones autonómicas en las Illas Baleares y asegura que en el traspaso de poderes con el anterior gobierno "no se nos informó del caso". Dice que desconocían por completo que existieran esas mascarillas pero que en cuanto conocieron el caso iniciar la reclamación. "La reclamación se inicia el 24 de agosto, yo mismo firmo la resolución de inicio de ese procedimiento por el que se reclama a la empresa por valor de 2,6 millones de euros", asegura.

Van a reclamar todo el dinero

Esta cifra está calculada en base al precio que se pagó por esas mascarillas y el valor real que consideran tenían. "Lo que vamos a hacer es recuperar los 3,7millones para defender a los ciudadanos de Baleares que se han visto perjudicados por ese contrato" ha dicho Javier Ureña en Espejo Público. Pero cree que se van a encontrar con muchos problemas para poder recuperar ese dinero porque el contrato es de hace 3 años. "El problema es que estamos intentando resolver ahora un contrato que se celebra en 2020 y ahora pretender resolverlo por un defecto es complicado". Porque Ureña confirma que esas mascarillas existen, están en un almacén, caducaron en el primer semestre de 2022 y eran unas FPP2 falsas.

Críticas a Armengol

Ureña ha cargado contra Francina Armengol por haber intentado descargar la responsabilidad en el actual gobierno balear, presidido por el Partido Popular. "Lo que ha hecho Armengol es pretender descargar la responsabilidad de este expediente en los funcionarios del Servicio de Salud y no lo vamos a permitir" porque insiste en que un contrato de esta magnitud no lo firma un funcionario sino que tiene que hacerlo un alto cargo.

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