Joaquín Manso, sobre la rebaja en la pena de Chaves y Griñán: "Esto no había pasado nunca y es un escándalo que suceda"

Los expresidentes andaluces de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido exonerados por el Tribunal Constitucional (TC) de parte de la condena por prevaricación que le había sido impuesta en el caso de los ERE. Esta condena inhabilitaba a Chaves por nueve años debido al "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con fondos autonómicos.

El Pleno del TC ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Esta ponencia proponía anular la condena de Chaves y ordenaba a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia, limitándose a la posible prevaricación cometida entre los años 2000 y 2001.

"No pueden borrar los hechos"

El director de El Mundo y colaborador de Espejo Público Joaquín Manso señala que "desde el punto de vista político nos quieren hacer creer que no existe la responsabilidad política". Apunta que "no pueden borrar los hechos" porque se diseñó un sistema "para de manera consciente despilfarrar casi 700 millones de euros que estaban destinados a los parados para comprar voluntades y la paz social".

Señala además que en función de quién haga la estimación de esos 680 millones de euros se dice que son 100 o 200 las cantidades que se han malversado o se han usado para fines diferentes a los que estaban previstos. "Son cantidades inabarcables que se ha podido probar que se despilfarraron, otra cosa es la incardinación en el tipo penal que ahora el Tribunal Constitucional dice que no se puede incardinar en esos tipos penales, pero los hechos no han podido borrarlos que es el uso del consejo de Gobierno con esos fines de ocultación y despilfarro".

"El interventor advirtió varias veces a José Antonio Griñán"

Manso incide que pese a que se exonere parte de la condena no podrán borrar tampoco que el interventor advirtió varias veces al consejero de economía, que era José Antonio Griñán. Sí cree que la cuestión jurídica de este asunto tiene que ver con la conformación del Tribunal Constitucional (TC). "Hasta ahora no había ningún precedente de que el TC entrase a revisar la interpretación que se hace de los tipos penales o la suficiencia en la evaluación de la prueba", apunta.

Considera que la función de revisar la interpretación de los tipos penales corresponde necesariamente a los jueces independientes. "Los magistrados del Supremo son de extracción política y si cumplen esas funciones corremos el riesgo de que el Tribunal Constitucional se use como cámara de impunidad para blindar la corrupción en la que incurre el poder político. Por eso esto no había sucedido nunca y es un escándalo que suceda", añade.

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