La magistrada M. J. del Barco, sobre el nuevo cambio de ley del PSOE: "Uno más de los atentados permanentes al Estado de Derecho"

Las acusaciones populares han sido el origen de los principales casos judiciales que asolan al Gobierno, que ahora pretende una reforma de la ley para evitar lo que al entender del Partido Socialista es un "acoso derivado de acciones judiciales abusivas".

Para ello quiere llevar a cabo un cambio legislativo en el que se contemplen varios impedimentos para que se inicien procesos legales. Uno de esos casos excluyentes sería el de abrir procedimientos penales fundamentados en recortes de prensa, como ocurre en el cas de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Otro de los impedimentos que se pretenden implementar es la prohibición a partidos políticos y asociaciones afines de presentarse como acusación popular. En esa reforma legal pretendida se incluiría la eliminación del delito de ofensas contra sentimientos religiosos y contendría también la recusación o abstención de jueces que hayan realizado manifestaciones políticas respecto a causas específicas.

Necesidad frente a desesperación

A parte de algunas otras modificaciones más, el Gobierno quiere sacar adelante esta reforma mediante una Proposición No de Ley, evitando así la necesidad de obtener informes favorables del CGPJ ni del Consejo de Estado.

Fuentes del PSOE consideran absolutamente necesario esta modificación de las leyes, mientras que desde el Partido Popular atribuyen las intenciones del Ejecutivo a una situación desesperada de controlar a los jueces.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificaba este anuncio de "indultos preventivos" y denunciaba que buscan la impunidad de algunos ciudadanos, con la que llamaba la "Ley Begoña". Por el contrario Emma López, secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, aseguraba que el Gobierno quiere poner límites, pero no fin, a la figura de la acusación popular en el sistema judicial español, de la cual entiende que se hace una utilización interesada.

La acusación popular a partir de ahora: "Un mirlo blanco"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la magistrada María Jesús del Barco, se sumaba a las críticas de la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales:

"Es un paso más en estos atentados permanentes al Estado de Derecho ya a la igualdad de todos ante la ley", expresaba alto y claro la también jueza decana de Madrid.

Del Barco entiende perfectamente normales que, para participar de la acusación popular, sea necesario el pago de una fianza cuyo objetivo sería prevenir de un uso abusivo de este mecanismo, "que no puede decirse que no se haya hecho hasta ahora".

"Todos los partidos por desgracia la han utilizado con una finalidad política, no para perseguir delitos"

Sin embargo se posicionaba absolutamente contraria a esta nueva regulación y lo mostraba con contundencia. Para la magistrada algunas investigaciones sobre casos de corrupción correrían serio riesgo de poder llevarse a cabo: "Hace una regulación que vacía de contenido esa acusación popular. Pone tantas restricciones que ejercer la acusación popular en este país va a ser un mirlo blanco".

Lanzaba una pregunta retórica para apoyar su escepticismo ante esta reforma, que explicaba no permitiría presentar pruebas, colaborar en las diligencias, o interponer recursos: "¿Para qué vas a estar en ese procedimiento?".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.

La dura respuesta del ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, a la proposición de ley del PSOE: "Están desesperados por controlar a los jueces"