¿Temor entre los jueces a una escalada por parte del Gobierno?: "Ya no importa la justicia, importa el valor político"

El pulso entre el Gobierno y el Poder Judicial parece cada ves más tenso. Los últimos dardos del gobierno al Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía tensan aún más las relaciones y ponen en entredicho la separación de poderes.

Oscar Puente ha sido uno de los miembros del gobierno que ha reprochado a los jueces extralimitarse a la hora de aplicar la Ley de Amnistía. Félix Bolaños también se suma a las críticas a los argumentos jurídicos de las resoluciones del Tribunal Supremo. Por su parte, el PP con González Pons se ha mostrado en contra de las declaraciones del Ministro de Transportes.

En el programa Espejo Público hemos contado con dos magistrados para tratar este tema desde la visión jurídica.

Entrevista a Ignacio González Vega y José Antonio Ballestero.

El magistrado Ignacio González asume que en un sociedad democrática son admisibles las críticas a las resoluciones jurídicas pero piensa que "otra cosa es quien emite las críticas". Opina que los responsables políticos deben caracterizarse por prudencia y moderación. "No es lo mismo que formule las críticas un miembro del gobierno que un responsable político", asegura.

El magistrado opina que en esta ocasión los mensajes emitidos por los responsables políticos no han sido procedentes y son censurables. Por su parte, el juez José Antonio Ballestero se muestra crítico con las declaraciones del ministro Puente diciendo que son un "garabato pueril".

Sin embargo, se muestra más preocupado por las declaraciones de Bolaños, "poniendo en paralelo un juez con un partido político". Opina que esto puede significarse que ya no existe una crítica jurídica, si no que "hay una defensa de los amnistiables no por razones jurídicas y si no por razones estrictamente políticas". Cree que de esta forma obedece a un argumento de poder y no un argumento jurídico.

El derecho ya no importa, importa solamente como un instrumento de poder

José Antonio declara que todos estos hecho y declaraciones demuestran la predominancia del poder ejecutivo en el país. "Estamos asistiendo a un poder ejecutivo absolutamente desorbitante". Además, defiende que el gobierno no puede interpretar ni indicar a los jueces cómo interpretar las leyes para eso están los tribunales.

El magistrado González Vega explica que la Ley de la Amnistía ha sufrido diversas modificaciones y había opciones para interpretarla. "La Ley suscita múltiples interpretaciones y posibilidades". Añade que el poder judicial también debe ser un órgano que esté sometido a control de los otros poderes "creo que existen las posibilidades de recurrir las decisiones judiciales" y resalta su confianza en las instituciones.

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