Okupación
Tensión entre Gonzalo Miró, Toni Cantó e Iñako Díaz-Guerra, por la okupación: "Defendéis unas minorías y otras no"
Un vídeo publicado en redes sociales ha encendido todas las alarmas de los vecinos de Boadilla del Monte, municipio de Madrid. 'Espejo Público' albergaba un debate sobre el problema de la okupación en el que los participantes discrepaban acaloradamente.
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Por fin "una noche tranquila", expresaba una vecina de la urbanización de Carabanchel (barrio de Madrid) donde ya no queda ni uno solo de los okupas, tras haber sido expulsados. Sin embargo al mismo tiempo reconocía seguir viviendo con cierto temor a que se repita una situación similar. Y es que estos amigos de las casas ajenas protagonizaron varios episodios violentos y la convivencia en la urbanización se vio deteriorada.
La mafia okupa incluso habría 'contratado' una persona como portero, para los residentes irregulares, y habría llegado a cobrar hasta 3.000 euros a cambio de abandonar alguno de los inmuebles okupados.
Las localidades de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón se han puesto en alerta ante el vídeo publicado por uno de los presuntos miembros de este clan, dedicado a usurpar viviendas. Sería 'El Paraguayo', cabecilla de esta banda que anteriormente ha protagonizado la ocupación de viviendas en el barrio de Carabanchel de la capital. Las intenciones manifestadas por el líder de esta supuesta mafia, y que fue detenido en Carabanchel, serían las de desplazarse a otros lugares de la Comunidad de Madrid: "Próximo destino... Boadilla del Monte ¡Qué rico!".
Una pesadilla de dos meses
El periodista de 'Espejo Público', Javi Fuente, describía el calvario por el que han pasado los propietarios de la urbanización del barrio madrileño, que sigue sin porteros automáticos a consecuencia de ello pese a que todos los okupas han abandonado el edificio después de que 'El Paraguayo', también conocido como 'El Gordo', fuera detenido junto a varios okupas más.
"¡¿Por qué tienen poder de negociación?!"
El actor y expolítico Toni Cantó ponía el grito en el cielo ante la información que asegura que los okupas habrían cobrado miles de euros de okupar casas y abandonarlas después. Reclamaba que las autoridades actúen con mayor rapidez a la hora de desalojar una vivienda okupada: "Si no son capaces de demostrarme que tienen una escritura o un contrato en vigor... ¡A la calle!".
"La ley está hecha con buena fe", afirmaba el periodista Iñako Díaz-Guerra, que obtenía la réplica inmediata de Cantó, negando la mayor. "Está hecha con la fe de proteger a gente", insistía Iñako, que además aportaba los datos del año 2023, para reforzar su argumento de que se trataría de un problema existente pero minoritario: "Los desahucios fueron un 0,05 por ciento, 15 mil denuncias. 0,05% del total de viviendas".
¿Un problema minoritario?
Cantó le recriminaba que menospreciara el problema de la ocupación por ser estadísticamente pequeño. Sin embargo Díaz-Guerra negaba a Cantó: "No podemos convertir un drama personal, que lo es, en una alarma social, que no lo es".
"Entonces las minorías no tienen derechos", continuaba Toni Cantó: "Es que a veces defendéis unas minorías pero otras no las defendéis".
Para Iñako el problema residiría en que la ley protegería a una mayoría de personas en situación vulnerable en detrimento de una minoría de propietarios particulares, y terminaba asegurando que estaría de acuerdo con Toni Cantó en que "en estos casos se tendrían que ver y ejecutar con una velocidad extrema". Disertación que interrumpía Toni para decir: "¡Todos los casos!".
Las consecuencias de facilitar el desahucio
Iñako justificaba la protección de los más vulnerables frente a una simplificación del desalojo de la siguiente manera: "Estaríamos aquí dentro de un año denunciando que desahucian a la 'señora Francisca', que tiene una renta antigua, para hacer pisos turísticos".
La contrarréplica del expolítico de Ciudadanos y Partido Popular pasaba por atribuir al Estado la responsabilidad y obligación de proteger a la 'señora Francisca', y "no 'Pepito Fernández', propietario del piso en el que está".
Más adelante Gonzalo Miró se sumaba al debate para afirmar que "el Estado tiene que agilizar la diferencia entre los okupas jetas y los mal llamados okupas, que son gente vulnerable". Para terminar por mandar un mensaje tranquilizador a los ciudadanos que temen ver okupada su vivienda habitual.
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