¿Tiene base legal el Gobierno para rescindir el contrato de las balas con la empresa israelí? "La nacionalidad de la empresa no es un motivo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión polémica al ordenar la cancelación del contrato de compra de munición con Israel, desautorizando así al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había asegurado que era "imposible" suspender dicho acuerdo.

¿Hay base legal para romper unilateralmente este contrato?

Durante su intervención en Espejo Público, el abogado especialista en derecho administrativo David Muñoz Zapata a analizado las posibles implicaciones legales de esta decisión. Según Muñoz, en el ámbito de la administración pública, "siempre hay base legal para resolver un contrato", aunque advierte que este tipo de decisiones "no puede ser arbitrarias" y deben estar justificadas según la ley del sector público.

En cuanto a la posibilidad de rescindir este contrato con Israel, Muñoz destacó que "la administración pública tiene prerrogativas para resolver y modificar un contrato", pero subrayó que "no ha habido incumplimiento por parte de la empresa" y que la cancelación parece estar más motivada por razones políticas que jurídicas.

El abogado también señaló que, si bien la decisión podría estar respaldada por una "causa justificada", la rescisión unilateral de este acuerdo podría acarrear consecuencias económicas para España. "La empresa israelí puede pedir indemnización por daños y perjuicios, y eso podría oscilar entre el 2% y el 6% del coste total del contrato", detalló Muñoz, quien también remarcó que "rescindir un contrato por la nacionalidad de la empresa no es un motivo válido".

El Gobierno israelí ha mostrado ya su malestar por esta medida

Además, el Gobierno israelí ya ha mostrado su malestar por esta medida, lo que podría agravar aún más las relaciones entre ambos países. Y mientras el ministro Marlaska se enfrenta a esta nueva crisis dentro del Gobierno, la pregunta que muchos se hacen es si dimitirá o si el presidente Sánchez tomará medidas drásticas y lo cesará. El contrato, que costaba cerca de seis millones de euros, se canceló por un motivo que, para algunos, podría ser más político que jurídico, dejando en el aire las consecuencias que esta "bronca interna" podría traer tanto a nivel nacional como internacional.

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